Combatir la pobreza y la violencia machista también es educar

2015, como se esperaba, está siendo un año interesante en el terreno político –en el que algunos resultados electorales hacen concebir cierta esperanza en cambios de gobierno- y contradictorio en lo económico –con una sociedad que no siente en sus propias carnes los optimistas mensajes de mejoría que continúan lanzándose desde instancias gubernamentales-. Es, en este sentido, un año que mantiene el guión previsto por observadores y agentes sociales.

Sin embargo –y desgraciadamente- 2015 en otros aspectos está haciendo protagonistas no queridos a dos grupos sociales que desearían fervientemente no ser portada continua de los medios de comunicación. Me refiero al colectivo social marcado por la pobreza y las desigualdades y al colectivo de las mujeres, especialmente damnificado por la violencia machista.

En ambos casos, nos encontramos ante problemas viejos, conocidos por todas y todos, pero en los que ni las acciones institucionales, ni las medidas de ayuda emprendidas desde distintos colectivos sociales de apoyo han conseguido invertir las tendencias.

En lo que concierne a los colectivos damnificados por la pobreza, los números son cada vez más espeluznantes: más de mil millones de personas en el mundo sobreviven con menos de 1,25 dólares al día; 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión en España –el 16,8% en Euskadi-. Y esta situación se hace aún más sangrante cuando conocemos que paralelamente sigue aumentando el porcentaje de ricos en el país y en el mundo. El índice Gini, que mide estas diferencias socioeconómicas, no deja de aumentar de forma vergonzosa en España, segundo país más desigual de Europa (34,7) únicamente superado por Bulgaria y cada vez más lejos de los menos desiguales: Eslovenia(25) y Noruega (22,7) dentro de la Europa no comunitaria.

Desde nuestra atalaya educativa los resultados no son mejores: aumenta significativamente el alumnado pobre, consecuencia directa del descenso de gasto público en Educación que ha obligado a las familias a un sobreesfuerzo añadido. Sólo a modo de ejemplo cabe citar el aumento de este gasto familiar educativo de hasta un 30% en 2013, respecto al realizado en 2006, antes del inicio de la crisis económica[1]. Es la consecuencia directa de los recortes en becas, comedores escolares y en ayudas en libros de texto durante la época Wert.

De otro lado, el lacerante espectáculo diario de mujeres maltratadas, casi con total impunidad institucional, ha encendido todas las alarmas y removido la conciencia de miles de personas en el Estado. No es tanto el número de muertes violentas –una sola ya es un drama social del que nadie debería excluirse- como las tendencias manifestadas por muchos/as adolescentes que contribuyen extender esta lacra social actual de forma excepcional. Sobre este fenómeno, el del consentimiento entre jóvenes de actitudes machistas incipientes, venimos insistiendo con cierta periodicidad porque como docentes nos preocupa la escasa repulsa social que provoca. Da la impresión de que sólo reaccionamos ante violencias exacerbadas e irreversibles, cuando la solución más eficaz debería estar en las labores preventivas. Creemos que hoy en día, que la mujer se encuentra más independiente, mejor informada, con más resortes a su alcance –teléfonos de atención a las víctimas, medidas de alejamiento, rechazo social a los agresores- es señal de ser más resistente a las agresiones. Y por ello, nos sorprende tanta mujer desprevenida, tanta víctima gratuita.

Las y los profesionales de la educación sabemos, sin embargo, que la escuela es el lugar desde el que hay que actuar, el espacio común desde el que es necesario reforzar actitudes, modificar acciones y enseñar convivencia. Los planes de actuación, las medidas en otras edades son importantes, pero no conseguirán atajar el mal de raíz. Un dato para la reflexión: en 2014 se denunciaron casi 600 violencias de género en mujeres adolescentes (un 15% superior a 2013)[1].

Como docente y miembro de un sindicato vasco de enseñanza, no soy insensible a ninguna de las lacras sociales señaladas. Por ello,tomaré parte de forma activa en dos iniciativas que están o estarán en marcha en fechas próximas.

En primer lugar, he decidido participar en la campaña que CCOO y UGT han puesto en marcha para recoger 500.000 firmas que posibiliten la Iniciativa Legislativa Popular para la creación de una propuesta de ley parlamentaria que establezca una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. El objetivo último es ayudar a mejorar las precarias condiciones de vida que tienen en estos momentos más de 3 millones de españoles/as, carentes de cualquier tipo de prestación económica.

En el segundo caso, la lucha contra la violencia de género tendrá el 7 de noviembre una nueva oportunidad de seguir ganando adeptos. Ese día, en Madrid, se realizará una macromanifestación entre el Ministerio de Sanidad y la Plaza de España, promovida por cientos de colectivos y organizaciones sociales. Allí estaré junto con miles de personas llegadas desde distintos lugares del país.

Dos nuevas oportunidades, por tanto, para demostrar que defender una educación de calidad significa también luchar contra la desigualdad, ser solidario/a con cuantos sufren discriminación, a la vez que beligerante con cualquier clase de violencia.