El Supremo da la razón a una profesora navarra y la declara fija tras doce años de contratos temporales

El Tribunal Supremo ha confirmado la “relación laboral fija” de una profesora de Música y Artes del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate con el Gobierno de Navarra tras encadenar doce años de contratos temporales. Ratifica así la condena del Juzgado de lo Social nº4 de Pamplona, que obliga al Ejecutivo foral a reconocerla como trabajadora fija desde 2010.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima que durante años no se justificaron adecuadamente las nuevas contrataciones y ratifica el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que considera los contratos como “irregulares” y que “encubrían una verdadera relación laboral” de la profesora con la Administración.

La profesora accedió al puesto tras unas oposiciones, aunque no consiguió la plaza, por lo que los contratos que se le realizaban eran temporales a pesar de “cubrir necesidades permanentes”, según reconoce la sentencia. Además, las resoluciones administrativas que autorizaban esas contrataciones se dictaban incluso después de la firma de los contratos, lo que para el Supremo evidencia una gestión “irregular”. Por otro lado, pese a que su puesto respondía a “necesidades permanentes” y estructurales del servicio, la trabajadora nunca fue incorporada a la plantilla orgánica.

El Tribunal Supremo, además de confirmar una “verdadera relación laboral”, también ratifica que la contratación administrativa irregular debe resolverse en los juzgados laborales. De esta forma, evita que la Administración pueda disfrazar relaciones laborales con contratos temporales administrativos para “eludir la aplicación del Derecho laboral (con los elementos propios de una relación laboral ordinaria)”.

Desde la acusación, ejercida por Unive Abogados (que lleva habitualmente casos de abuso de temporalidad en la Administración, consideran que la sentencia “refuerza la protección jurídica” de los trabajadores del sector público que “cubren puestos estructurales”, cuestionando de esta forma “la contratación abusiva” de los organismos públicos.