Acaba de comenzar un nuevo curso en los centros de Iniciativa Social de Euskadi y la situación del conflicto en el sector, lejos de desmadejarse, va intrincándose más y más, hasta el punto de aparecer, ante la opinión pública y ante los propios actores que intervenimos en este proceso, cada vez más incomprensible.
Las posiciones de los tres actores principales, patronal, sindicatos y Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se mantienen alejadas, opuestas e irreconciliables. La patronal Kristau Eskola ha demostrado, durante este largo período de descanso veraniego su nula voluntad negociadora. Desde la última mesa, (ya no puedo llamarla negociadora) que fue nada menos que la número 41, no hemos tenido noticia ninguna de la patronal. Aquella triste y hosca reunión, que sólo sirvió para escenificar el profundo desacuerdo y el soberano desprecio que la patronal mayoritaria siente hacia sus forzosos interlocutores sindicales, supuso un punto de inflexión en la necesaria e imprescindible buena fe negociadora de las partes implicadas en un conflicto, si es que verdaderamente se tiene la voluntad de solucionarlo. Parecen querer dejar claro que, sin huelgas de por medio, no hay negociación posible.
Kristau Eskola, en una incomprensible involución, presentó como innegociable, una propuesta de acuerdo que empeoraba las condiciones de la inmediatamente anterior, sabiendo, fehacientemente, que ninguna organización sindical podría ni siquiera considerarla. Y desde entonces, y estamos hablando de primeros de junio, no hemos vuelto a saber nada de la patronal, a pesar de los sucesivos llamamientos sindicales a la negociación.
El Departamento de Educación sigue viendo los toros desde la barrera. Desde el principio ha abandonado a los trabajadores y trabajadoras a su suerte, obviando que el origen del conflicto está en la decisión de aplicar los recortes en la financiación que, aunque inevitable, tomó el propio Departamento. Durante este tiempo ha ido pegando parches que no han solucionado ninguno de los problemas que pretendía resolver. Tras escenificar una propuesta de ayuda en forma de un incompleto y vacío acuerdo de recolocación, que dejaba fuera a la mayoría de los colectivos del sector que verdaderamente lo necesitan, sigue en su política de repetir hasta la saciedad, y en todos los medios de comunicación que le dan soporte, que las reivindicaciones sindicales son un exceso; y no digamos ya las movilizaciones, fuera de toda medida, según la propia consejera Uriarte.
El departamento ha dado palos de ciego. Por ejemplo, para que los centros pudieran pagar la deuda salarial acumulada por incumplimiento del convenio desde 2012, primero se tapó los ojos con el destino de unas partidas de dinero público, que, estando destinadas a ayudar en los pagos de las sustituciones de personal que está en incapacidad temporal, a dotar a los centros de un orientador/consultor, y a los salarios del personal de Administración y Servicios, se destinaron a amortizar deuda salarial de forma gratuita para las empresas. A pesar de ello, vergonzosa e increíblemente, en algunos centros la patronal tiene dicha deuda todavía pendiente. En los últimos años ha ido aplicando el mismo incremento salarial que al funcionariado, reflejándolo en lo que es conocido como “pago delegado”, creando así la ilusión de una recuperación del poder adquisitivo que está muy lejos de ir pareja con el incremento de la carestía de la vida y las reivindicaciones del personal.
Y por último, en un golpe de gracia, este septiembre, el Departamento ha publicado una nueva orden de funcionamiento y subvención para las Especialistas de Apoyo Educativo en los centros concertados, que vende como una mejora sustancial en sus condiciones laborales, y como una gran mejora en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, cuando en realidad es que no es más que una miserable hora semanal más de subvención para pagar los salarios de estas profesionales, (en algunos casos sólo treinta minutos) y que sólo ahonda y perpetúa la precariedad de la situación de este colectivo de trabajadoras, fuertemente feminizado.
Los medios de comunicación más fuertes de la comunidad autónoma emprendieron una auténtica cruzada contra las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de este sector, calificándolas, como hizo la propia consejera Uriarte, de “un exceso”. Tras mantener durante todos los primeros años de conflicto en el sector, (y llevamos una década) un absoluto silencio en torno al malestar que se estaba generando, y reflejar de soslayo las primeras huelgas y movilizaciones; con la primera convocatoria de una semana completa de huelga pasaron a convertir las movilizaciones en un problema social de primer orden, cuestionando, de entrada, su legitimidad, por lesionar gravemente el derecho a la educación como derecho fundamental y poniendo a muchos padres y madres en contra de los educadores de sus hijos e hijas.
Y como puntilla, para terminar de crear una confusión total, acabamos de conocer que el recientísimamente firmado convenio colectivo de Ikastolas Privadas Concertadas deja huérfano de hermano, si se me admite la expresión, al sector de Iniciativa Social de Euskadi en su lucha, porque sus “logros” están muy por debajo de nuestras reivindicaciones.
Pero, aun siendo todos estos factores una aparentemente conjunción diabólica para impedir la firma de un acuerdo y un nuevo convenio colectivo en los centros de Kristau Eskola y AICE, el verdadero peligro para todas las personas que trabajamos en este sector está pensar que la batalla común está perdida.
No debemos caer en la tentación de dejarnos llevar por el “sálvese quien pueda”, o “es el momento de que cada uno mire por lo suyo”, cayendo en la trampa de pensar que la única salida posible y digna a este monumental embrollo vendrá de la mano de poder llegar a acuerdos particulares en aquellos centros y empresas en los que haya posibilidad y, sobre todo, dinero para poder firmarlos. El cansancio por la larga lucha y lo intrincado de la situación puede llevarnos a perder la posibilidad de firmar un convenio que necesariamente ha de ser para todos y para todas. Son muchos los centros modestos, centros con pocos trabajadores y trabajadoras, que necesitan la estabilidad y la seguridad jurídica que otorga un convenio sectorial de obligada aplicación en todas las empresas de común actividad. No podemos abandonar a nuestros compañeros y compañeras que se han significado muchísimo por trabajar en centros donde el efecto de sus movilizaciones y huelgas se ha multiplicado por una simple cuestión numérica, y dejarlos sin el paraguas que ellos y ellas necesitan, más que nadie, para taparse. No podemos permitir que 10 años de negociaciones y movilizaciones acaben con un panorama de profesionales de primera y profesionales de segunda categoría, dependiendo sólo de en qué empresa presten sus servicios.
CCOO Irakaskuntza seguirá luchando, seguirá apelando a la apertura de vías de negociación. La patronal, el Departamento de Educación, los medios de comunicación, los sindicatos, y el resto de actores de este conflicto debemos asumir nuestra responsabilidad facilitar que se negocie…
UN CONVENIO COLECTIVO PARA TODOS Y PARA TODAS, ¡YA!
*Julen Llanos es responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO Euskadi para la Enseñanza Concertada
CCOO Irakaskuntza Pribatuko arduraduna.
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