Crónica de una sentencia anunciada, ¿y ahora?

Diez años hemos esperado para conocer la sentencia del 'caso De Miguel'. Sin embargo no nos ha sorprendido el contenido ni las penas impuestas.

Hace más de un año, cuando veíamos que la sentencia se retrasaba 'sine die', Elkarrekin Podemos consiguió que el Parlamento Vasco reprobara cualquier declaración o acto público que tuviera como intención poner en duda el trabajo desarrollado por la Ertzaintza y Fiscalía en la instrucción del conocido como 'caso De Miguel' y que pudiera condicionar el juicio, minusvalorar la gravedad del caso o sus profundas consecuencias políticas, tras conocer pronunciamientos como el del señor Egibar en relación a lo escandalosas que le parecían las penas pedidas por la Fiscalía contra su “buen amigo Txitxo”.

Pero mientras esperábamos la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, ¿en qué hemos avanzado para asegurarnos la no repetición? Absolutamente en nada. Elkarrekin Podemos lleva tres años en el Parlamento Vasco, y en este tiempo hemos observado cómo diferentes iniciativas relacionadas con elaborar medidas de control y transparencia son rechazadas o metidas en un cajón: Euskadi no tiene ley de transparencia propia y seguimos sujeta a la que aprobó Mariano Rajoy en 2013 con su mayoría absoluta. Tras seis años, Euskadi no ha hecho uso de su Autogobierno para contar con una herramienta que garantice la transparencia de las instituciones y, como bien dice Juan Luis Ibarra, prevenga la corrupción, que es más barato que tenerla que combatir.

Hemos denunciado que Euskadi no cuente con una Fiscalía Anticorrupción y registramos propuesta de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para que el Fiscal General del Estado garantice la presencia de delegaciones de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en todas las provincias de más de medio millón de habitantes, lo que afectaría positivamente a Euskadi. El Gobierno ya se ha posicionado con un criterio desfavorable que indica que tanto PSE como PNV se opondrán a su tramitación.

Ayer escuchaba a Arnaldo Otegi pedir a la ciudadanía que denunciara los casos de corrupción que conozca para hacerla aflorar. Y ¿qué garantías les damos a estas personas de que no vayan a sufrir represalias o amenazas? Que se lo pregunten a Ainhoa Alberdi, quien denunció la trama de De Miguel y compañía, o a Roberto, Marta y Manoel, los tres anestesistas de Osakidetza que osaron denunciar las opes dopadas.

Elkarrekin Podemos también lo intentó con una ley para proteger a las personas alertadoras o, lo que es lo mismo, una ley que proteja a las personas que denuncian corrupción. La Ley no pudo ser tramitada ya que PNV, PSE y PP se opusieron a que Euskadi tuviese una ley que protegiera a la ciudadanía ante posibles levantamientos de velo. No sé si porque no quieren saber o porque no quieren que se sepa pero el caso es que el clientelismo nos sale caro y la corrupción hace daño, no sólo a la clase política, que consigue una desafección brutal por parte de la ciudadanía, sino porque la corrupción -aparte de moralmente condenable- afecta a la vida de la gente.

Los vascos y vascas tienen una fuerte sensación de que Euskadi se está quedando estancada, sin avanzar, que vivimos de las rentas del pasado mientras los servicios públicos pierden calidad y se cronifica la desigualdad y la precariedad. En este escenario, las redes clientelares y la indiferencia ante ellas son un lastre que nos impide avanzar como país, y son nuestras propuestas las que nos permitirían remar hacia delante.

Porque no basta con condenar la corrupción y pedir perdón o responsabilidades, sino que hay que combatirla y, si como dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se puede prevenir mucho mejor. Pero para ello deberíamos remar todas a una y dotarnos de sistemas de control que dificulten o imposibiliten la corrupción en Euskadi.

* Cristina Macazaga es parlamentaria de Elkarrekin Podemos y secretaria del Parlamento Vasco