Creíamos que cuatro años en el gobierno era tiempo suficiente para dotar a la responsable de Educación vascos de un conocimiento básico sobre las funciones laborales, sociales y educativas que tienen los sindicatos de enseñanza vascos. ¡Craso error! Parece ser que Cristina Uriarte necesitará de esta nueva legislatura para repasar sus apuntes y conocernos mejor. Esta razón (y no el intentar consensuar la nueva ley vasca que esperan con indisimulada impaciencia Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea, no se piensen) podría justificar el que el lehendakari la haya mantenido al frente de la gestión educativa de este país.
Esta introducción es consecuencia de la situación rocambolesca producida recientemente con los sindicatos vascos de enseñanza. En una convocatoria de la propia consejera para informar de las medidas que su Departamento pensaba realizar sobre dos temas de importante actualidad (la prueba de acceso a la universidad y los resultados PISA 2015) los únicos excluidos fueron los cinco sindicatos de enseñanza vascos. En una sala de Lakua se reunieron las familias de la escuela pública y concertada, las empresas educativas, el Consejo Escolar de Euskadi, las asociaciones de direcciones de centros,… y todo el staff político de la propia consejería –viceconsejero de universidades incluido-. Faltaban, deliberadamente, los sindicatos de enseñanza.
Es tremedamente grave que se haya excluido de dicha reunión a las y los representantes legítimos de los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Educación y no cabe excusa alguna. Ni tan siquiera la de evitarlos porque, dado su nivel de crítica, muy por encima del que recibe del resto de asociaciones y colectivos de los que suele rodearse, la reunión pudiese ser así más placentera.
Estar en puestos de responsabilidad significa también escuchar voces disonantes, como las que se han manifestado -y seguirán- respecto a Heziberri 2020, la mala planificación, los recortes o la escasez de plazas y convocatorias de OPE. Y no debe olvidar quien dirija este Departamento que otras propuestas educativas –por ejemplo, las que plantean las orrganizaciones sindicales- son tan legítimas como las del partido que gobierne en cada momento.
Por tanto, cabe pensar que sean otras las razones que han llevado a la Consejería a ignorarlos. Mientras se espera alguna respuesta ciertamente coherente que explique sus motivos, las preguntas siguen almacenándose. ¿Considera suficiente el Departamento explicarse sólo ante las familias, las empresas educativas concertadas y las asociaciones de directoras y directores? ¿Quizás la ausencia de información se deba a que considera al profesorado responsable de los resultados PISA? ¿Da igual que el colectivo docente conozca o no cómo será esa misteriosa prueba que prepara el Departamento junto con la UPV? ¿Informará en 2017, o esperará a que la información la den familias y alumnado? ¿Es tan vertical el organigrama administrativo de Educación que sólo tienen las direcciones de los centros escolares el derecho a la información? ¿Qué ocurre con aquellos centros que no pertenecen a estas asociaciones de directores y directoras? ¿Quién les va a informar? ¿Así estima a sus docentes?
Francamente, la sensación que transmite este Departamento de Educación “remantenido” es la de seguir aún en la perplejidad en que se sumió tras PISA, mientras continúa dando palos de ciego. Pero el tiempo corre en su contra. De ahí que ofrecer más dedicación, esfuerzo y empeño, pero manteniendo los mismos tics con los que accedió este equipo al gobierno en aquel lejano 2012 no demuestre coherencia: convocar reuniones sin contenido de negociación plausibles, distanciar los tiempos de contacto, primar las ruedas de prensa sobre la información en los espacios previstos para ello; en una palabra, relegar -probablemente por convencimiento de considerarlos inútiles- los mecanismos creados en su momento para que el diálogo social y la negociación colectiva fuesen efectivas.
Por ello es conveniente recordar que el capítulo 7 de la Constitución española, al reconocer la importancia de los sindicatos en la contribución y promoción de los intereses económicos y sociales del país, establece dos características importantes: ser un pilar del Estado social y democrático –y, por tanto, organismos básicos del sistema político- y contribuir a la normalización de las relaciones socioeconómicas de un territorio. De ahí que sea pueril seguir refugiándose en el argumento de que los sindicatos sólo están para hablar de salario y jornada.
En estos días navideños de ofrecimientos bienintencionados y propósitos por cumplir, deseamos sinceramente a la Sra. Consejera, y todo su equipo, luz que ilumine sus inquietudes, diligencia en la gestión y acierto en la toma de decisiones. Todos/as resultaremos beneficiados/as.
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