Durante estas semanas que han seguido a la cumbre de Paris se ha constatado un entusiasmo generalizado de que se trata de un hito muy importante en la política climática global. Sobre todo porque además de lograr avances muy significativos en cuestiones concretas, el Acuerdo de Paris va a posibilitar el desarrollo, seguimiento y aumento de la ambición de la política climática en los próximos años. Cualquiera que haya seguido las negociaciones estos años es consciente de las enormes dificultades para lograr avances, y seguramente compartirá que se ha logrado bastante más de lo que muchos analistas esperábamos.
Si antes de la cumbre decíamos que eran, al menos, cuatro los frentes en los que necesitábamos observar avances para poder interpretar la cumbre como exitosa: “un acuerdo vinculante o similar”, “aprobación de los INDC”, “avances en los compromisos de financiación” y “referencia a nuevos sistemas de gobernanza”; revisado el texto, puede decirse que se ha avanzado sustancialmente en cada uno de estos apartados, y en algunos más.
Por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas nos encontramos ante un acuerdo de carácter vinculante por el cual los países se obligan a preparar y comunicar periódicamente sus contribuciones en materia de mitigación, y que compromete a la casi totalidad de los países (186 de los 195), y a más del 95% de las emisiones del planeta. Este acuerdo está pendiente de ser ratificado el año que viene y deberá ser “incorporado” en las legislaciones nacionales de cada estado. Pero, en cualquier caso, se trata de un hecho sin precedentes que deja atrás la visión del Protocolo de Kioto que sólo comprometía a los países llamados desarrollados, dejando a los demás países exentos de obligaciones.
El Acuerdo define un sistema de revisión y monitorización del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos (los llamados “INDCs”) que es común para todos los países (aunque flexible para los países en desarrollo), transparente y que se realizará cada 5 años. El año 2018 se realizará una primera evaluación del progreso colectivo para informar las primeras revisiones al alza de los compromisos, que se efectuarán en 2020. Este mecanismo podría permitir avances muy importantes en futuros compromisos.
Se recoge firmemente el objetivo de que la temperatura media del planeta no supere a final de siglo los 2ºC en relación a la era pre-industrial. Considerando también la posibilidad de lograr un objetivo de 1.5ºC. Un objetivo, este último, muy poco realista considerando la senda de emisiones actual, pero muy importante para los estados más vulnerables a la subida del nivel del mar, quienes encuentran en este límite esperanza para la supervivencia de sus países.
Estos tres ingredientes por si solos ya suponen un avance muy importante respecto a la situación de estancamiento en la que estaban las negociaciones los últimos años.
En materia de financiación, el Acuerdo recoge el objetivo de movilizar como mínimo 100.000 millones anualmente a partir del año 2020 para ayudar a los países en vías de desarrollo, dejando claro en el reparto de los esfuerzos para alcanzar dicha meta colectiva que algunos países han dejado de ser considerados países en “vía de desarrollo” y se les anima a realizar aportaciones voluntarias. Estos compromisos se revisarán al alza el año 2025.
En materia de gobernanza, el Acuerdo hace un requerimiento especial a la necesidad de integrar las políticas climáticas a todos los niveles, sean los mercados de emisiones, sean otras políticas climáticas locales, regionales y nacionales. Esto es, a mi juicio, un reconocimiento explícito a labor realizada por otros agentes como los gobiernos locales y regionales, empresas y otros agentes.
Otro relevante avance que consigue el Acuerdo es cerrar el círculo de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias mediante la inclusión de objetivos y medios de implementación para la adaptación al cambio climático, y las pérdidas y daños inevitables. En este último aspecto, se opta por el apoyo a los países más vulnerables mediante mecanismos de cooperación internacional (técnica y financiera), y se renuncia a la vía de la compensación, otro de los escollos que mantenían bloqueadas las negociaciones.
El Acuerdo ha dejado sin incorporar conceptos como la “descarbonización” o “neutralidad de emisiones”, muy relevantes teniendo en cuenta que para lograr el objetivo de los 2ºC todas las trayectorias consideradas necesitan de emisiones negativas para final de siglo, ya sea mediante soluciones tecnológicas (como las que ofrece la geoingeniería, o las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono) o mediante el manejo sostenible de los bosques. Otros llamamientos un tanto vagos respecto a alcanzar “el techo de emisiones” a la mayor brevedad posible, o el hecho de que los compromisos adquiridos no permitan en la actualidad llegar al objetivo establecido, no son cuestiones menores y suponen un lastre importante de este acuerdo.
Hay muchos detalles en este acuerdo que deben ser tenidos en cuenta en una valoración completa de este pero, a nuestro juicio, en París se ha conseguido un acuerdo que supera a los acuerdos previos. Un acuerdo que es además solidario y universal; lo suficientemente flexible como adaptarse a la evolución de las sociedades; justo, al tratar de forma diferente casos diferentes; creíble, por partir de compromisos factibles en el corto plazo; y finalmente, ambicioso y estimulante, al definir claramente una visión de futuro compartida por todos.
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