¿Quién gobierna el derecho a decidir?

En Euskadi, las cosas más extrañas suelen estar siempre a la vuelta de la esquina. Y acostumbran a aparecer en los momentos más imprevisibles. Cuando parecía que éramos un modelo de diálogo y acuerdo político para toda España, vuelve a asomar de pronto el fantasma de Ibarretxe y sus planes autodeterministas, pero corregidos y aumentados. El partido que lidera el Gobierno Vasco, en lugar de hacer lo más lógico, que es entenderse con su socio de coalición para renovar el Estatuto, ha preferido hacer lo más complicado: llegar a un acuerdo con su muy enconada oposición, en defensa de la Euskadi del derecho a decidir.

El PNV es así: antes muerto que sencillo. Gobierna con el Partido Socialista y comparte con él una actualización de nuestro marco de autogobierno basado en “las normas y procedimientos legales”; pero, cuando llega la hora de la verdad, le gusta embarullar el contenido de lo que ha firmado, en una especie de postlenguaje donde no se ve muy claramente qué es eso de la legalidad. Y no es que el PNV no la acepte. La acepta, pero de una manera creativa: como eso que hay que asumir con la boca pequeña para llegar a la postdemocracia nacionalista, mediante una tortuosa ingeniería constitucional, que convierta lo legal en postlegal.

Al fin y al cabo, “el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático. Un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca”, como se refleja en el preámbulo de las Bases para la actualización del autogobierno que PNV y EH Bildu han acordado. Algo tan razonable, que no se entiende bien por qué no se le ocurrió antes al PSE-EE. El partido de Idoia Mendia habría impedido así que EH Bildu fuera el único protagonista de la Euskadi del futuro. Y se habría colocado, a nivel más general, en vanguardia de la postEspaña confederal que el acuerdo nacionalista ha alumbrado, y que ahorra las molestias y trabajos baldíos para hacer algo tan innecesario como es la reforma de la Constitución.

Y habría contribuido a avanzar en cuestiones sociales tan importantes (sobre todo, para los jubilados vascos) como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. O estaríamos más sólidamente encaminados hacia un poder judicial de exclusiva 'obediencia vasca'. Y bastante más cerca de contar con voz y voto en Europa como cualquier país independiente. O, en fin, de poder disponer de todos los mecanismos necesarios para convertirnos en una nación con capacidad para tratar con España de tú a tú. Algo para lo cual resulta absolutamente necesario aclarar cuántos de los ciudadanos de por aquí consiguen ser más ciudadanos todavía con sólo aprestarse a adquirir la nacionalidad vasca.

Claro que, en este avance de nuevo Estatuto, del que los socialistas se han quedado voluntariamente descolgados, PNV y EH Bildu han decidido ya tantas cosas sobre cómo tiene que ser la Euskadi del mañana, que cuesta trabajo adivinar qué es lo que se ha reservado para la decisión final de la ciudadanía vasca.

Y tampoco me queda claro quiénes van a gobernar esa Euskadi, todavía brumosa, de un derecho a decidir que aún está en camino. Si es algo tan vital para quienes lo reclaman, lo coherente sería que PNV y EH Bildu formaran una coalición de Gobierno. Al fin y al cabo, dicen compartir la misma visión del país; con la ventaja añadida de poder disponer de una holgada mayoría parlamentaria. Pero hay un pequeño problema: y es el de aclarar si las aspiraciones conjuntas del nacionalismo forman parte de las “cosas del comer” o de las del “querer”. Y, de momento, parece que, para las cosas del comer, el único Gobierno Vasco posible es el que hoy tenemos. Con las cosas del querer, es bastante más difícil ponerse de acuerdo para gobernar, porque es bien sabido que del amor salen los celos. Aunque hay que reconocer que, como artefactos electorales, suelen ser potentes.