Este jueves 19 de noviembre el Congreso debatirá y votará las recomendaciones apoyadas por la mayoría de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, así como los votos particulares o enmiendas presentadas a las mismas. Posteriormente, en un plazo previsto de tres meses, se concretarán en medidas y planes más precisos, al menos algunas de ellas.
En nuestra opinión tales recomendaciones sobre pensiones dejan claras la desviación sistemática de cotizaciones sociales a políticas de estado distintas de las pensiones y consolidan el progresivo deterioro de las prestaciones, anuncian nuevos recortes y ocultan el negativo factor de sostenibilidad.
Nos parece positivo la recomendación de desglosar gastos propios e impropios y acabar con el déficit financiero de la seguridad social y con la política de préstamos, reconociendo al mismo tiempo la deuda hecha pública por el Tribunal Público de Cuentas, a la que hay que sumar la deuda histórica de más de 500.000 millones de euros del estado con la seguridad social. Pero es inaceptable pretender que el “saqueo” de las cotizaciones y del propio Fondo de Reserva quede sólo en un estudio clarificador sin establecer un compromiso de devolución.
Y si al mismo tiempo que la devolución de esas deudas, no se toman medidas estructurales para aumentar los ingresos por cotizaciones, los riesgos de vaciamiento o debilitamiento de la solvencia de la Seguridad Social, pueden ser preocupantes a corto y medio plazo. Medidas que no están contempladas en las recomendaciones y que son imprescindibles para aumentar los ingresos, creando más empleo de calidad, aumentando los salarios, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012, estableciendo un SMI de 1.200 euros, previsto en la Carta Social Europea, y aprobando una profunda reforma fiscal para que realmente paguen más los que más tienen e ingresan.
El reconocimiento de la subida del “IPC real” también es positivo. Pero el llamamiento a recuperar el consenso alcanzado en 2011, que introducía indicadores que culminaron con la imposición por el PP del 0,25%, nos obliga a seguir exigiendo que la revalorización de las pensiones sea automática y se consolide por ley.
Mantenimiento del proceso de ampliación de 15 hasta los 25 años de cotización para el cálculo de la base reguladora. Culminará en el 2022, lo que está suponiendo reducir las pensiones, con especial repercusión negativa para las mujeres, limitándose a la posibilidad de evaluar la facultad de elegir los años más favorables para determinar la base reguladora de la pensión.
Edad de Jubilación. Se continúa con el proceso de aumento de jubilación hasta los 67 años. Asimismo, se plantea restringir y penalizar el acceso a la jubilación anticipada para retrasarla, hasta igualarla con la edad de jubilación legal.
No podemos dejar de resaltar que los dos partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no han presentado ninguna enmienda que concrete y mejores las recomendaciones
Prestaciones de viudedad y orfandad. Es preocupante la propuesta de cálculo a la baja según los años de cotización o limitar el incremento a mayores de 65 años cuya pensión constituya su principal fuente de ingresos, lo que afecta principalmente a mujeres. Aunque reconocemos como positivo que se suprima la discriminación por no existir vínculo matrimonial previo, reconociendo así a las parejas de hecho.
Solidaridad y garantía de suficiencia. Relega la garantía de unas pensiones mínimas suficientes al plano asistencial, e incumple los criterios de suficiencia recogidos en la Carta Social Europea, que en nuestro caso supone un SMI de 1.200 euros y una Pensión Mínima de 1.080 euros.
Sistemas complementarios de pensiones. Merece una mención especial, habida cuenta de su importancia de cara a debilitar un sistema público que garantice unas pensiones públicas y dignas. Recomienda impulsar los planes privados de pensiones, individuales o colectivos. incentivados con dinero público, permitiendo, además, que en los fondos colectivos los empresarios limiten las subidas salariales, con la excusa de la coparticipación en la aportación a los mismos.
Derogación de las reformas de pensiones del 2011 y 2013. No se hace mención alguna a la derogación del factor de sostenibilidad articulado en la reforma de pensiones de 2011 y 2013. Un factor de sostenibilidad que reduce las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida y que entrará en vigor en enero de 2023, si no se suprime. Al mismo tiempo, se consolida la reforma de las pensiones de 2011, retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años y alargando hasta los 25 años el periodo de cálculo.
En concreto, han sido presentadas 19 enmiendas o votos particulares a las recomendaciones. 1 de Compromís, 2 de Ciudadanos, 13 de ERC y EH Bildu - presentadas conjuntamente- 1 del PP, 1 del BNG y otra de Más país. Las que más se acercan a las propuestas del movimiento vasco son las de ERC-EH Bildu y la del BNG. Por su parte, las únicas presentadas por Compromis y Más país - que también están incorporadas en las de los grupos anteriores- se refieren a las personas jubiladas con 40 o más años de cotización, proponiendo que no sufran los coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones.
Como era previsible, la enmienda principal de Ciudadanos y la del PP está referida a los fondos privados de pensiones individuales y colectivos. Ambos partidos coinciden en el impulso a esos fondos privados con el PNV y- al menos- con el ministro Escrivá.
Y no podemos dejar de resaltar que los dos partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no han presentado ninguna enmienda que concrete y mejores las recomendaciones, lo que no excluye que, ambos o por separado, voten a favor de alguna de las enmiendas progresistas presentadas. Aunque nos tememos que el grueso de estas no consiga la mayoría del Congreso.
En el movimiento de pensionistas vasco llevamos 40 meses ininterrumpidos de concentraciones y movilizaciones. No vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones. El 30 de noviembre en Iruñea-Pamplona y el 5 de diciembre en las tres capitales y numerosos pueblos de la Comunidad Autónoma Vasca vamos a llevar a cabo manifestaciones. Esperamos contar con el apoyo de buena parte de los sindicatos y de numerosos colectivos sociales y también deseamos que las plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del estado se movilicen con ánimo y fuerza ante algo que va a determinar seriamente nuestras pensiones y las de las generaciones venideras.
(*) Jon Fano y Jospo Barrutia, miembros del Movimiento de Pensionistas Vasco
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