El utilitarismo es racismo

La crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial nos causa miedo, incertidumbre, aburrimiento, etc. Y en este momento, nuestra forma de ayudar a la sociedad, quedarnos en casa, es en realidad la opción para las personas “privilegiadas”. Sin embargo, el simple hecho de poder abastecernos en un comercio lleno de productos, no nos hace cuestionar nuestra situación: tenemos agua, un hogar, redes de apoyo, alimentos sanos y no tan sanos para pasar la ansiedad.

Pero ahora el problema planteado por las autoridades es otro, la fruta en el sur del Estado español necesita ser cosechada, además de personas en el ámbito sanitario. Se necesita seguir con la cadena de privilegios que permite desde la comodidad del hogar cumplir con las instrucciones de los mandatarios. Ahora es cuando se requiere aún más personas que no tienen la posibilidad de escoger quedarse en casa (no cuentan con autosuficiencia o ayuda económica ni social para hacerlo), mano de obra barata y que además no tengan ni voz ni voto para poder denunciar situaciones laborales precarias. Claro perfecta idea. Pero ¿quiénes son esas personas? Inmigrantes racializados de países a los que los “desarrollados” han condenado desde siempre al subdesarrollo.

El gobierno ha aprobado una serie de medidas, calificadas como “respuestas extraordinarias ante situaciones extraordinarias”: prorrogar la situación de regularidad por el tiempo de crisis a inmigrantes con formación “necesaria”. Así el racismo sistemático hace de las suyas nuevamente, visibilizando la gruesa brecha que hay entre blancos y los “demás”, los que se necesitan en momentos de crisis pero que, en tiempos de bienestar o normalidad, molestan con su actitud “no desarrollada” y diferente.

Es necesario que esto nos invite a pensar y cuestionar las desigualdades presentes; el racismo institucional que permite tales medidas “extraordinarias”. Todos debiéramos tener el derecho de poder vivir en donde nos sintamos seguras y podamos desarrollarnos como personas, transitar libremente por las calles sin temor a ser increpadas por la autoridad por tener rasgos distintos. Además de tener el derecho a trabajar, en el lugar que habitamos, de manera digna, y no sólo ser utilizadas/os en época de crisis para luego ser rechazadas como un elemento desechable. Junto con esto, paradójicamente, en donde el Estado se beneficia de los impuestos que estos “contratos” otorgan por ley, como el IRPF y la contribución al sistema de seguridad social. Pero luego al ser contratos con fecha de caducidad por la crisis y además de pasar, esta mano de obra, a situación de des regularidad no pueden beneficiarse ni del paro, ni de la salud, ni de lo cotizado por ley.

Es urgente la regulación de todas las personas inmigrantes y sobre todo poner fin a la Ley de extranjería, una ley racista y discriminatoria a todas luces. Es necesario establecer mecanismos de protección social por parte de la administración pública para las y los que más sufren en este momento por estar en situaciones más precarias y por tener el miedo siempre presente de la supervivencia en un lugar, en donde solo por haber nacido en otro sitio del mundo, ocupan el rol más bajo en el sistema, instrumentos desechables para el bienestar de otros.

(*) Karen Brunel Saldias es miembro de SOS Racismo Bizkaia-Bizkaiko SOS Arrazakeria Karen Brunel Saldias es miembro