Wert, portavoz de la Conferencia episcopal y FAES

Cualquier reforma que se precie debe tener voluntad de mejorar lo que pretende cambiar. No se ve esto por ningún lado en el caso del proyecto de ley de mejora de la calidad educativa del PP, la LOMCE. Por eso no es una exageración tildar este proyecto ley de contrarreforma. Porque utilizando las propias palabras del ministro en su exposición de motivos no “es una reforma sensata, práctica que huya de (los) debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años…”. Es precisamente una reforma insensata que se agita todas las banderas en torno a las cuales se han construido históricamente trincheras para el enfrentamiento, rompiendo los equilibrios, difíciles, a los que hemos llegado a lo largo del tiempo en esta compleja España del siglo XXI. Es una provocación en toda regla.

Las banderas ideológicas que ha agitado el señor Wert nada tienen que ver con propuestas de mejora de la calidad de la educación en España: su planteamiento de la cuestión lingüística responde a una torpe y provocadora voluntad política de recentralizar y uniformizar que no se corresponde con el respeto al desarrollo de las autonomías con lengua propia. El apuntalamiento de la religión en la segunda década del siglo XXI en las aulas, a costa de forzar la voluntad de la gran mayoría del alumnado y las familias es política educativa carca; hacer desaparecer Educación para la ciudadanía y obligar a una actividad alternativa a quien no curse religión y, porque no cursa religión, tanto en primaria como en secundaria, está más cerca de aquel viejo eslogan escolar franquista “virgen santa, virgen pura haz que apruebe esta asignatura” del florido pensil que de los parámetros de rigor científico que se le supone a un escuela contemporánea, democrática del mundo desarrollado que quiere formar jóvenes en valores democráticos, en el conocimiento y con conocimiento.

La ampliación de la financiación de la privada concertada, el blindaje de los conciertos a los centros que no practican la coeducación y la educación mixta sino la separación sexista, la minoración del papel de la red pública como garantía de atención del derecho a la educación de todas las demandas ciudadanas en clave segregadora nos aleja del modelo europeo de referencia en lugar de dar pasos por acercarnos al paradigma finlandés.

Ninguna medida referida al profesorado, salvo añadir a la campaña de desprestigio a la que se le ha sometido desde que accedió el PP al Gobierno para justificar sus incrementos de jornada, de alumnado por aula y de recortes en sustituciones, el oprobio y menosprecio que supone para el profesorado la devaluación de su criterio (evaluación continua) ya que con las evaluaciones externas –reválidas-, el profesorado de nuestro país no tendrá la capacidad de dar el título de secundaria a su alumnado y en el caso del bachillerato verá devaluado su papel pues además de una reválida posterior podrá encontrarse con pruebas propias en las universidades a las que quiera acceder. Son las reválidas además de un oprobio para el profesorado al que el Partido Popular ha denigrado y puesto bajo sospecha, unas formas de seleccionar, de cribar, amén del mecanismo político que se queda en manos del Gobierno conservador para la uniforme recentralización, en este caso curricular, que le ha dictado FAES. La presión de las encuestas que dan al alza a unas fuerzas que plantean devolver las competencias de Educación al Estado en el conjunto de España y Cataluña no es ajena a esta cuestión que nada tiene que ver tampoco con la calidad sino con un planteamiento ideológico y político.

¿Algo de todo esto tiene que ver con la voluntad de mejorar la competencia lingüística, matemática, científica de nuestros jóvenes? Retórica cuestión. Pues se trata, en definitiva, de seguir los dictados de FAES y satisfacer las peticiones de la Conferencia Episcopal. Todo ello convierte este proyecto en un bodrio de insensatez mayúscula, poco práctico y muy carca.