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Euskadi activa ya las ayudas de alimentación de un máximo de 900 euros a personas en riesgo de exclusión

Un carro de un supermercado

Iker Rioja Andueza

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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este viernes en la sede central de la Cruz Roja en Vitoria el plan autonómico para apoyar a familias en la adquisición de alimentos y otros productos básicos de higiene o limpieza. El Gobierno vasco espera a conocer la letra pequeña del plan estatal sobre esta misma materia, aunque tiene voluntad de hacer compatibles los 200 euros anunciados por Pedro Sánchez para rentas por debajo de 27.000 euros anuales con estas nuevas prestaciones. Euskadi ha dotado con 2,5 millones de euros la iniciativa con la aspiración de llegar a 2.500 familias y 10.000 beneficiarios y no se ha cerrado a ampliar la partida en caso de alta demanda.

Como ya publicó este periódico, se prevé un máximo de 900 euros de prestación y está pensada para personas en riesgo de exclusión, un perímetro en principio mucho más reducido que el plan estatal. Se ha mencionado a personas en “extrema vulnerabilidad”, particularmente menores, mujeres o personas solas en riesgo. El programa, en definitiva, busca atender a personas que puedan quedarse fuera del sistema vasco de garantía de ingresos, la conocida como RGI, o incluso de las AES (Ayudas de Emergencia Social). En todo caso, será Cruz Roja -a la que se ha encomendado la gestión del programa, como antes ha colaborado en otras iniciativas sociales del Ejecutivo vasco- la que realice una valoración individualizada. En algunos casos ya se ha iniciado este proceso aunque será desde este lunes cuando se empiecen a abonar las ayudas. “Contamos con la experiencia y probada diligencia de la Cruz Roja”, se ha felicitado Artolazabal, que ha comparecido ante los medios de comunicación con responsables de la entidad.

Para no “estigmatizar” a los beneficiarios, la prestación se gestionará mediante una tarjeta monedero en la que se ingresarán las cuantías concedidas por Cruz Roja. Se apunta a un mínimo de 150 euros para una persona sola necesitada y a un máximo de 300 de familias de cuatro o más miembros. Y “se realizarán, como máximo, tres entregas por año”, ha indicado Artolazabal. Eso sí, se abre la puerta a que casos “severos” puedan incluso percibir más de los 900 euros fijados como tope. La tarjeta puede ser utilizada en cadenas como Eroski, Carrefour o Mercadona, pero únicamente en productos concretos que no han sido especificados. Asimismo, se ampliará con un programa con comercios locales llamado 'Encantado de comerte', una aplicación móvil que permite adquirir con un hasta 70% de descuento productos que no se han vendido y siguen en buen estado. Se ha añadido que los beneficiarios deberán participar en tres talleres de Cruz Roja: a cambio de la prestación económica deberán aprender sobre alimentación saludable, ahorro energético y gestión de las finanzas y nociones de informática.

En cuanto al plan estatal, Artolazabal ha afirmado que es “muy diferente”. “Tiene poca relación con el formato de los bonos alimenticios del Estado”, ha indicado. Y ha afirmado que, por lo tanto, debería no ser “incompatible” sino “complementario”. En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Sánchez pretende gestionarlo a través de la Agencia Tributaria, la Hacienda estatal, lo que implicaría que previamente a su posible aplicación en los territorios forales habría que realizar un acuerdo. Navarra, en todo caso, ya ha confirmado que se podrá solicitar allí desde el 15 de febrero.

Aitor Allende, de Cruz Roja, ha agradecido la “confianza depositada” para desarrollar el plan, que considera muy necesario por el incremento de la pobreza entre 2016 y 2021, que ha cifrado en un 16%. Artolazabal ha enfatizado que “no es una externalización” cuando ha sido preguntado por los motivos de que no sea el propio Ejecutivo el que gestione los expedientes o haga las valoraciones. “Es una colaboración público-social. Las entidades del tercer sector están arraigadas y conocen de primera mano las necesidades. Es una seña de identidad de las instituciones vascas la colaboración público-social”, ha afirmado la consejera, que ha señalado que este modelo permitirá responder “en tiempo y forma” a urgencias sociales. “Es algo que enriquece los programas que ofertamos. Ellos tienen una trayectoria. Son personas con valía y ya vienen trabajando desde hace muchos años. Dan garantía de gestión”, ha indicado la consejera, que abandonará el cargo en las próximas semanas para centrarse en su candidatura a alcaldesa de Vitoria.

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