Recurrida la negativa de los jueces a forzar la adjudicación de las ITVs anuladas
ITA Asua, la empresa que ganó ante el Tribunal Supremo la revocación de la concesión de las ITVs en Vitoria y Bergara, no da por perdida la batalla para lograr que el Gobierno le adjudique definitivamente la concesión. Pese a los más de cinco años transcurridos desde la sentencia del alto tribunal, el Gobierno vasco no ha procedido a adjudicar a la empresa que quedó excluida de la concesión (ITA Asua) la explotación definitiva de las dos inspecciones técnicas de los vehículos objeto del pleito.
ITA Asua había presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que el Ejecutivo vasco le comunicase oficialmente la adjudicación definitiva. Pero el tribunal no ha atendido su petición, aunque esta empresa mantiene que la sentencia del Supremo sigue sin cumplirse, dado que la adjudicación de las ITVs de Jundiz y Bergara (el lote tres de los cuatro que se adjudicaron en 1993 por una duración de 30 años) no se ha producido. Así, la multinacional Applus ITV Euskadi tenía que haber dejado de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años. Pero, el pasado 24 de junio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal vasco ha desestimado la peticion al considerar que “no ha lugar” al “exceder la petición del objeto de la presente ejecución que se ha declarado conclusa en virtud del auto del 12 de julio de 2012”.
El abogado de ITA Asua ha presentado un recurso de 11 folios contra la última decisión del TSJPV en la que invoca numerosa jurisprudencia del Supremo y del Constitucional aplicable a este caso para defender que el Ejecutivo vasco no ha cumplido la resolución del Supremo de diciembre de 2007 por la que se anulaba la concesión de las ITVs de Vitoria y Bergara a Applus. En el escrito, se señala la “evidente indefensión” que arrastra la empresa por la “sofisticada inejecución” por parte del Gobierno vasco de la orden del Supremo de anular la adjudicación inicial. “Entendemos el hartazgo que puede supone para la Sala, y también para esta representación, que después de más de cinco años de ejecució de la sentencia, tengamos que seguir solicitando el auxilio del tribunal para que efectivamente se ejecute debidamente”, recoge el escrito presentado esta misma semana.
“Impunidad”
El recurso de reposición reitera que “la pura inactividad de la Administración conlleva que la declaración de nulidad de la resolución de adjudicación ”sea mero papel mojado“. Por ello pide de nuevo a los jueces que obligue al Gobierno a presentar una nueva valoración y proceda a ”una adjudicación del contrato en toda regla“, ya que el Ejecutivo ”ignora“ la anulación y se resiste a cumplirla, mientras ”viene aplicando una resolución nula con total impunidad“, en alusión a la adjudicación realizada en 1993.
Por todo ello, pide a la Sala “que se adopten las medidas necesarias para que la Administración cese en la vulneración de los efectos prácticos derivados del fallo” y se ejecute la sentencia del Supremo “hasta la adjudicación del contrato objeto de controversia en base a la nueva valoración efectuada”. Y reclama una acción en ese sentido “con la contudencia suficiente que permita remover los obstáculos que de forma recurrente se vienen planteando, en una ejecución que dura ya más de cinco años, sobre pasando con creces cualquier plazo que pueda considerarse en términos de buena fe”.
