El Ministerio de Transportes avala la adjudicación en verano de la ampliación del Puerto de València a pesar del fallo del TSJ de Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene previsto frenar el concurso público abierto para la adjudicación de las obras de ampliación del Puerto de València, a pesar de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que retira a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la condición de órgano sustantivo y, por lo tanto, su autoridad para decidir si requiere de una nueva declaración de impacto ambiental que evalúe los cambios realizados sobre el proyecto original. Esa función de órgano sustantivo la vuelve a recuperar Puertos del Estado, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto por medio de un informe técnico motivado.

Fuentes del departamento que dirige el ministro socialista Óscar Puente han afirmado a preguntas de elDiario.es que consideran que el fallo judicial afecta a una cuestión exclusivamente de trámite administrativo que no afecta al procedimiento de contratación de las obras, por lo que los plazos se mantienen tal y como estaba previsto, con previsión de adjudicar este verano las obras de los muelles sobre los que se asentará la terminal. Las mismas fuentes no precisaron si Puertos del Estado emitirá algún dictamen que avale la DIA de 2007. Tampoco el mencionado organismo se ha querido pronunciar al respecto a preguntas de este diario.

Con todo, la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista impulsora de las diferentes demandas que están en trámite, ya advirtió días atrás que hará valer el fallo del TSJ de Madrid para solicitar la suspensión cautelar de la adjudicación al considerar que todo el procedimiento administrativo, tanto la aprobación del proyecto como la licitación, es nulo al haberse realizado como si la APV fuera órgano sustantivo. Y eso teniendo en cuenta que desde diciembre de 2022 perdió esa condición tras la suspensión cautelar acordada por el mismo tribunal. Pese a todo, Puertos del Estado nunca emitió informe alguno que avalara la DIA de 2007.

Recientemente, el ministro Óscar Puente, advirtió de que el único peligro que pondría en riesgo el proyecto “sería que un juzgado nos la tirara para atrás”. Si bien es cierto que esta sentencia no ordena paralizar la adjudicación, sí que la pone en entredicho y refuerza la tesis de la plataforma vecinal de cara a los otros dos litigios que están en los tribunales, y que se centran en la validez de la DIA.

El grupo parlamentario Compromís-Sumar ha presentado varias cuestiones a la Mesa del Congreso. En concreto, han preguntado si el Estado podría incurrir, “a pesar de estar informada y con el precedente del Proyecto Castor, en indemnizaciones millonarias si la justicia paralizara el proyecto en los dos procedimientos que hay abiertos con las obras ya adjudicadas”, si Puertos del Estado “va a emitir un informe motivado sobre la validez de la DIA de 2007 para el nuevo proyecto” y si “se paralizará la licitación de las obras de ampliación del Puerto de València hasta que se emita ese informe”.

La Comissió Ciutat-Port ha convocado una manifestación el viernes 31 de mayo que saldrá a las 18.30 horas del Puente de las Flores hacia la plaza del Ayuntamiento.

Los incumplimientos de la DIA de 2007

Un informe de la Abogacía del Estado pone de manifiesto que ninguna institución consultada (Puertos del Estado, Comisión Europea y Ministerio de Transición Ecológica) ha avalado la validez de la DIA de 2007 para el proyecto modificado aprobado por la APV.

La realidad es que el proyecto no cumple con los parámetros establecidos en la mencionada DIA de 2007, la cual dice textualmente: “Se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Ampliación del puerto de Valencia concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales”.

Así, mientras la DIA establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de material de relleno para los futuros muelles con un dragado en la dársena a una profundidad máxima de 18 metros para extraerlo, el proyecto aprobado necesita 25,7 millones de metros cúbicos con dragas a 24 metros de profundidad en la dársena y de 28 metros en el antepuerto.

Además, como recoge el informe de Costas publicado integramente por este diario, tampoco se ha cumplido lo referido a las medidas correctoras que debía proponer y proyectar la APV para frenar la erosión de las playas del sur de la ciudad de València, una actuación que ha acabado desarrollando el Ministerio de Transición Ecológica.

Empresas interesadas en ejecutar las obras

Una de las UTE que han presentado su oferta para ejecutar las obras de ampliación es la compuesta por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolin. También opta a la adjudicación la unión compuesta por Dragados (ACS), Rover Maritime, Torrescamara, Dredging International España y Dravo.

La tercera UTE interesada es la que forman FCC Construcción, Pavasal, y Boscalis. Finalmente, participa en el proceso la unión de Sacyr Construcción, Sociedad Anónima Trabajos y Obras, Becsa, Agrupación Quinovart Obras y Servicios Hispania.