Las normas que se ‘esconden’ en el BOE
Si es residente en el Casco Viejo de Bilbao, paga regularmente el servicio de OTA anual y le han interpuesto varias multas por estacionamiento indebido en los últimos meses, seguro que lo ha notado. El Ayuntamiento ha cambiado la ordenanza y los vecinos ya no pueden aparcar por toda la ciudad, como lo hacían hasta ahora. Ni publicaciones en medios de comunicación, ni misivas anunciando la nueva normativa. La acumulación de sanciones económicas es lo que ha llevado a los vecinos de la parte vieja de la Villa a descubrir la nueva norma, que el Consistorio únicamente ha publicado a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). “Como si los ciudadanos desayunáramos todos los días leyendo el BOE”, denuncia Javier Rodríguez, portavoz de la asociación Bihotzean ante la falta de información.
Y es que en los últimos tiempos tanto las Administraciones locales como el Gobierno central recurren únicamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) y sus respectivas versiones autonómicas para publicar nuevas leyes o cambios de ordenanza que, de alguna manera, perjudican a la ciudadanía. En relación a ello, un tercio de las personas que, hasta el momento, percibían los subsidios de Lanbide, debido a la precariedad de sus salarios o la falta de empleo, se quedarán sin la ayuda económica de la RGI (Renta General de Ingresos) y, probablemente, no se enterarán de su retirada hasta que a lo largo del mes observen que la ayuda que recibían por parte del Gobierno vasco, ya no se ingresa más en sus cuentas bancarias. “Se hacen notificaciones a través del BOVP en vez de mandar cartas y luego dicen que la gente está desaparecida y por eso no se entera, cuando no es así”, recrimina Javier Sierra, portavoz de la asociación Posada de los Abrazos.
¿Pero a qué se debe la falta actual de información y difusión desde la Administración? “Obviamente, se pretende dificultar el conocimiento de la norma y restringir el derecho a recurrirla, entre otras cuestiones”, asegura el abogado José Ángel Esnaola, quien afirma que se trata de una “posibilidad legal” en algunos casos, pero contraria a las exigencias de “transparencia, buen gobierno y respeto a la buena fe” que también recoge el artículo 3 de la Ley 30/92, la cual establece que “se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses”. Sin embargo, esta previsión no está adaptada a la sociedad digital “debiéndose potenciar la publicidad por páginas web, redes sociales y demás medios actuales”, añade.
Según Esnaola, la publicidad por boletín no es admisible en todo caso. “Por ejemplo, la tramitación de normas urbanísticas exige también publicación en algún medio de comunicación, así como algunos actos previstos en el artículo 59.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, señala. Por su parte, “el resto de actos –donde se ubican RGI y multas- deben notificarse personalmente al interesado por carta, conforme a los artículos de la Ley 30/1992”, afirma.
En este sentido, fuera de los casos legalmente previstos para notificación personal, los ciudadanos están desprotegidos. No obstante, Esteban Arlucea Ruiz, profesor del departamento de Derecho Constitucional de la UPV, argumenta que “a nadie le está permitido escudarse en la ignorancia del Derecho para incumplirlo”. Es decir, así como no existe obligación de que leamos el boletín, tampoco es admisible excusarnos en el desconocimiento de las normas. Por ello, “los ciudadanos tendríamos que leer el BOE o estar informados a través de alguien que supiera Derecho”, sostiene Arlucea.
Regresión de derechos
A través de estas prácticas, se deja en el lado de los ciudadanos totalmente la responsabilidad de estar informados de la legislación. “Esto es inconveniente porque la Administración tiene que favorecer la vida de la gente y, cuando se ve obligada a tomar una serie de medidas que ella entiende que pueden molestar, es conveniente que también facilite esa información”, indica el docente sobre esta situación que según Esnaola viene sucediendo con todos los Gobiernos. “La Ley 30/92, que se aprobó con el Gobierno de Felipe González y se modificó en 1.999 con el Gobierno de Aznar, recoge una ‘tradición’ del derecho predemocrático”, asegura.
Se trata de una realidad que viene acusándose en la actualidad pero que hay a quien le recuerda, en parte, a épocas dictatoriales. “En tiempos franquistas llegó incluso a haber leyes que no se publicaron en el BOE y aun así eran obligatorias. Imaginémonos cómo la gente se podía enterar del contenido de esas normas”, sostiene Arlucea, quien también afirma que en estos momentos “sí hay una regresión en cuanto a los derechos y prerrogativas de la población”.
