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El Parlamento exige al Ejecutivo que estudie la viabilidad legal de nuevas OPE

Los afectados por la OPE de Osakidetza de 2011 se concentran frente a la sede del Gobierno vasco en señal de protesta.

Aitor Guenaga

Bilbao —

La política del control del déficit por parte del Gobierno del PP afecta directamente a los servicios públicos a través de los recortes en los presupuestos. Pero también a sus plantillas y al relevo ordenado que de manera planificada y con antelación deben procurar los diferentes Ejecutivos para sus empleados públicos. En Euskadi, el Parlamento ha exigido al Gobierno de Urkullu que elabore un plan de empleo para la Administración vasca que asegure el “relevo generacional” de manera planificada y con tiempo.

Pero en la misma proposición, a iniciativa de los socialistas, la Cámara ha pedido a Lakua que estudie la viabilidad de convocar nuevas OPEs en la Administración vasca. Todo ello dentro de la legalidad. Y a ser posible que esas ofertas públicas de empleo se puedan convocar este mismo año.

La iniciativa parlamentaria, consensuada entre PSE y PNV y apoyada por PP y UPyD, se ha cruzado en el camino de las negociaciones que mantienen los Ejecutivos central y vasco para solventar los “problemas” que la Administración vasca tiene para convocar ofertas públicas de empleo. Mariano Rajoy, en su obsesión por el control del déficit, ha controlado desde el primer día la posibilidad de hacer OPEs.

Primero, a través de la ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, limitándolas completamente -salvo para casos muy puntuales- y en la siguiente etapa aprobando en los Presupuestos Generales del Estado o en Reales Decretos tasas de reposición del 10% para los servicios esenciales. Todos los sindicatos vascos en la Función Pública han censurado con dureza esa política del PP “seguida a pies juntillas por el Gobierno de Urkullu”, en palabras de sus representantes.

La parlamentaria Idoia Mendia -que ha presentado la iniciativa aprobada ayer- cree que ambos Gobiernos deberían aprovechar esas conversaciones para que el País Vasco pueda sacar OPEs este mismo año. “El Ejecutivo bien pudiera tratar de negociar una tasa de reposicion más elevada y que haya una OPE antes de acabar 2014” en la Administración vasca. La representante socialista cree que esas OPEs son factibles, “más cuando paradójicamente se ha anunciado una en EITB sobre la que tengo dudas jurídicas, salvo que haya un acuerdo que no conocemos entre el PP y el PNV”, sostiene.

Esa realidad da pie al PSE-EE a pensar que si es posible hacer una oferta pública abierta en la radiotelevisión vasca, “¿cómo no vamos a poder hacerla en la Administracion general, en Sanidad o en Educación?”, argumenta la representante socialista. El PNV, a través de su parlamentario Kerman Orbegozo, recordó la “imposición de la prohibición de desarrollar OPEs”, pero se mostró a favor de que el gabinete Urkullu analice las “insuficiencias” que pueda presentar la plantilla en la Administración vasca.

Mayor interinidad

Uno de los argumentos empleados históricamente por los sucesivos Ejecutivos vascos frente al Gobierno central ha sido la elevada tasa de interinidad que existe en la Administración vasca, superior a la media española. A ese argumento se une ahora la introduccion de las nuevas tecnologías, las tramitaciones telemáticas en la Administración, la eliminación del papel, etc. Por eso, la propuesta aprobada ayer -que no contó con el apoyo de EH Bildu, que la consideró vaga al no contener “medidas concretas”- también exige al Ejecutivo que elabore un plan de empleo para la Administración vasca que asegure el “relevo generacional” de manera planificada y con tiempo. Y los nuevos puestos tengan en cuenta esas novedades en el trabajo interno de las administraciones.

El objetivo de ese plan es, ante el envejecimiento de los funcionarios, en especial en los niveles más altos, ver qué medidas habría que tomar para asegurar el “relevo generacional” y la transmisión de formación y, de paso, reducir la interinidad. Un plan de empleo que, como se recoge en la propuesta aprobada, en el que se diseñe la organización, a medio y largo plazo, “respondiendo a las necesidades de demanda de servicios actuales y garantizando, por medio de una meditada y consensuada planificación, el relevo generacional”.

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