“No hay evidencia de que dos facturas por 49.473 euros correspondan a trabajos efectivamente realizados”
Los socialistas alaveses Txarli Prieto, exlíder del partido en Álava y actual parlamentario en la Cámara vasca, y su brazo derecho y actual secretario de Organización, Víctor García Hidalgo, deberán aclarar ante el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia vasco este miércoles el pago de dos facturas por obras supuestamente ejecutadas en cinco sedes del partido en ese territorio y que según la Fiscalía “no hay evidencia” de que correspondan a “trabajos efectivamente realizados”, según la denuncia del ministerio público.
Las dos facturas -una de mayo de 2010 y otra de diciembre de 2011- suman en total 49.473,43 euros y sirvieron para pagar unas obras ahora en entredicho relacionadas con la seguridad por la actividad terrorista de ETA con fondos librados por el Ministerio del Interior al PSOE. De hecho, la Fiscalía considera que, si finalmente se acreditan los hechos y se confirman los delito de estafa y de falsedad en documento imputados a los dos dirigentes socialistas, el perjudicado sería el PSOE porque “se habría visto privado de disponer de esas cantidades para otras necesidades de seguridad” para protegerse del terrorismo etarra, según el escrito del Ministerio Público. El PSOE en esos dos años obtuvo por esa partida del Ministerio del Interior un total de 1.652.207,53 euros (durante 2010), mientras que en 2011 fueron 1.614.151,13 euros.
Escoiba SA, la empresa adjudicataria de esas obras -de la que el exlíder de los socialistas alaveses Txarli Prieto era copropietario y que cogestionó entre 1992 y 2012- facturó en total al PSE-EE de Álava 30.648,69 euros en 2010 y 40.836,30 euros en 2011, emitiendo 4 facturas en 2010 y 2 facturas en 2011. La Fiscalía considera que el resto de facturas tienen acreditadas las obras realizadas.
Pero hay dos que no: la factura de 19.501,72 euros es la número 057.2010 y su concepto era por reparación de seguridad en la sede del PSE-EE de Rivabellosa y se pagó mediante talón de 18 de mayo de 2010. La de 29.971,71 euros es la nº 069.2012 y su concepto era por reparación de seguridad en sedes del PSE-EE en Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra, pagándose mediante talón de 12 de diciembre de 2011, aunque básicamente se empleó para las obras en la sede de Iruña de Oca.
A juicio de la Fiscalía Superior del País Vasco, “no hay evidencia de que las facturas por 19.501,72 € (de 3-5-2010) y por 29.971,71 (de 2-12-2011), que suman en total de 49.473,43 €. correspondan a trabajos efectivamente realizados”, según se recoge en la denuncia acordada por unanimidad en la Junta de Fiscales el pasado 17 de junio y presentada finalmente el 24 de ese mismo mes.según se recoge en la denuncia acordada por unanimidad en la Junta de Fiscales el pasado 17 de junio y presentada finalmente el 24 de ese mismo mes.
Factura “emitida por anticipado”
El pago de esas facturas por unas obras aparentemente no realizadas centrará la declaración de este miércoles 30 de septiembre ante el magistrado instructor de La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia encargado del caso, Antonio García, de Prieto y García Hidalgo. Ambos están imputados por irregularidades en el pago de unas obras de varias sedes del PSE Alavés, obras que fueron encargadas por el partido a la empresa Escoiba, una constructora vinculada al propio Prieto.
El magistrado instructor, al llamar a declarar a los ahora imputados, apuntaba que los hechos remitidos por el Fiscal Superior “podrían constituir un presunto delito de estafa y de falsedad documental”, por lo que ordenaba “incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho”. Ambos han sido imputados porque, como señala la Fiscalía en su escrito, “las decisiones sobre contratación de las obras y el trámite para su pago se realizaban conjuntamente entre el secretario general (y copropietario de Escoiba SA), Txarli Prieto, y el secretario de organización, Víctor García Hidalgo”.
Durante la investigación realizada por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, Prieto y García explicaron de esta manera los pagos de esas facturas. En relación a la factura por 29.971,71 euros, aseguraron que “fue emitida al parecer por anticipado en diciembre de 2011 para no perder la asignación de ese año”, y se empleó “para obras pequeñas de Amurrio (adecentar el sistema de alarmas), Labastida (arreglar puertas por la humedad), Salvatierra (retirada de escombros y de cajas) y Llodio (remates de pintura etc.), pero la mayor parte se gastó en la sede de Iruña de Oca [en 2012], para sustituir el suelo y poner otro de mayor seguridad”. En el caso de la factura por importe de 19.501,72 euros “se utilizó, como indica la misma, en la sede de Rivabellosa, en donde se tuvo que realizar una reforme integral para acondicionar el local (tabiques, suelo etc.), que anteriormente fue una sucursal bancaria”.
Denuncia anónima
El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a Escoiba, la constructora vinculada a Prieto.
La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos. La denuncia aportaba facturas de Escoiba, talones de pago, escritos del secretario de organización de Álava al departamento de contabilidad de la comisión ejecutiva federal con relación y detalle de facturas, así como otro tipo de documentación). La Fiscalía, tras investigarla, presentó la denuncia ante la Sala Civil y Penal el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Explicaciones de Prieto
Tras conocerse aquella denuncia inicial del mes de abril, Prieto afirmó que el PSE de Álava había contratado obras en distintas sedes con esta misma empresa (Escoiba), aunque también con otras compañías. Además, aseguró que los contratos “se han hecho siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad”. El exlider del PSE de Álava aseguró que las obras son “todas ellas son demostrables y absolutamente comprobables”.
Prieto explicó que su vinculación laboral con Escoiba, que gestionaba junto a otro socio, se prolongó desde 1992 hasta 2012, año en el que cesó su actividad. Además, aseguró que su actividad política “profesional” comenzó en 2009, por lo que “hubo un pequeño periodo de solapamiento en el que se cruzan ambas actividades”. No obstante, aseguró que desde la mencionada empresa se trabajaba en contrataciones con el PSE “desde antes” y “con toda normalidad”, como otros “afiliados que tenían actividades que eran requeridas por el PSE”.
El dirigente socialista atribuyó la decisión de contratar obras con empresas vinculadas a cargos del partido a la “confianza”, dado que se trataba de unos trabajos sensibles que afectaban a la seguridad de las sedes. Además, recordó que tanto la empresa como el PSE son entidades “de carácter privado” y, por tanto, “perfectamente podían contratar” entre ambas.
