Kontsumobide detecta irregularidades en un tercio de los concesionarios inspeccionados en Euskadi

Kontsumobide ha detectado irregularidades en el 29,7% de los establecimientos de venta de vehículos que ha inspeccionado en Euskadi a lo largo de 2021. De esta forma, mejora con respecto al año anterior la protección de las personas consumidoras, según se desprende de sendas campañas de inspección realizadas durante 2020 y 2021 por Kontsumobide para verificar que la información previa a la realización de un contrato de compra de un vehículo nuevo o de segunda mano cumplía con la legislación vigente.

Además, desde el Instituto Vasco de Consumo también se analizó la información precontractual referida a la financiación facilitada por los propios vendedores. Según ha informado Kontsumobide y recoge Europa Press, la campaña de 2021 se ha centrado en dos aspectos. Por una parte, se han inspeccionado establecimientos que no habían sido visitados en 2020 y, en este caso, se han detectado irregularidades en el 29,7% de los casos, (31,58% correspondientes a vehículos nuevos y 27,77% en el caso de los vehículos nuevos). En el año 2020, estos porcentajes eran 45,38% y 42,85% respectivamente.

La otra parte de la campaña ha ido enfocada a comprobar que los establecimientos apercibidos en 2020 habían subsanado las irregularidades. En esta segunda parte de la campaña todos los establecimientos apercibidos y que no habían subsanado sus errores han sido sancionados. Los incumplimientos más habituales han sido, respecto a la información precontractual, la falta de información sobre cómo se va a entregar el vehículo y el compromiso sobre el plazo que debe asumir la parte vendedora.

La financiación de los vehículos también ha sido objeto de análisis por ser este un aspecto fundamental en este tipo de transacciones económicas. Las deficiencias en este campo se han vinculado con falta de información sobre el coste total de la financiación, ausencia de derecho de desistimiento, falta de información de productos asociados que resultan de obligada contratación como puede ser un seguro, o falta de información sobre consecuencias de impago, intereses de demora y la tasa anual equivalente.