La llegada de Indumetal, investigada por contaminante en Erandio y todavía sin licencia ambiental, divide a Zalla

La empresa Indumetal Recycling ha logrado este año del Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Zalla, gobernada por el PNV, una licencia de obra para la construcción de un pabellón industrial en el polígono de El Longar. El plan es instalar un proyecto llamado Induplast consistente en la valorización de los componentes de plástico de los aparatos electrónicos. Este movimiento ha generado polémica por un doble motivo. Por un lado, según denuncia la oposición y ha confirmado este periódico de fuentes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la empresa no cuenta todavía con la autorización ambiental preceptiva para el inicio de la actividad. Y, por otro lado, Indumetal lleva siendo investigada varios años porque en sus instalaciones de Erandio, donde extrae metal de los desechos electrónicos, se denunciaron prácticas altamente contaminantes que llegaron a ser objeto de un programa de ‘Equipo de investigación’ de La Sexta.

La licencia de obra fue firmada el 17 de enero por el alcalde de Zalla, Juan Ramón Urkijo. En cifras generales, la construcción de la nave costará unos 1,8 millones de euros, aunque se estima una inversión global de 8 millones de euros en unas instalaciones que tendrán 5.500 metros cuadrados. En la prensa local se difundió la previsión de que las obras estén finalizadas en el arranque de 2023. Hasta el momento, la compañía promotora ya ha abonado unos 97.000 euros a las arcas municipales en concepto de tasas e impuestos.

Zalla Bai, plataforma local que gobernó el municipio hasta 2019, ha denunciado en un comunicado que ya la licencia de obras es “ilegal”. “Saltándose a la torera la legalidad vigente, han corrido a conceder la licencia de obras a Indumetal antes de disponer de la autorización ambiental. Y lo han hecho, además, sin incluir en el trámite un informe jurídico que respalde esta decisión”, sostienen. Esta formación ha presentado un recurso para anular esta concesión. Fuentes del Departamento que dirige la consejera Arantxa Tapia, competente en Medio Ambiente, indican que Indumetal Recycling “tiene licencia de obras para las actuaciones de urbanización” pero “no de actividad”. Esa documentación está actualmente en trámite, según las mismas fuentes, sin que adelanten el sentido de la resolución del proceso. La propia empresa, consultada por este periódico, admite que “falta la tramitación de una autorización ambiental” pero insisten en que, aunque no esté resuelta, “está pedida”. Además, recalcan que el plan para Zalla no implica el manejo de “residuos peligrosos”, por lo que no comprenden la polémica suscitada.

“No hay nada que esconder”, indican portavoces autorizados por el Ayuntamiento. Zalla insiste igualmente en que la actividad prevista no es contaminante ni peligrosa. “Es 100% economía circular: dar uso a un plástico ya usado. Habrá un máximo de tres camiones al día y no se va quemar nada y no va a haber vertido alguno. No hay ni una sola chimenea. La separación de plásticos se hace mediante un proceso mecanizado”, indican desde el municipio, donde han generado malestar las críticas de Zalla Bai.

Uno de los puntos del argumentario que comparten empresa y Ayuntamiento es que Induplast no tiene relación con Indumetal, aunque la licencia de obra va a ese nombre. No es un debate baladí, ya que la Guardia Civil, en 2018, realizó una operación en la sede de esta compañía en Erandio ante las sospechas de que no realizaban un tratamiento adecuado a los residuos que, en este caso, sí tienen la consideración de “peligrosos”. “Accedían camiones con televisores o pantallas LCD. Una vez en el interior los aparatos eran volcados con el riesgo de que se fracturen. Se producía el triturado sin descontaminar”, explicó en La Sexta un agente del Seprona, la unidad contra delitos ambientales de la Guardia Civil. Y añadió que habían detectado riesgo “de que esos componentes peligrosos acaben en la atmósfera, en el agua o en el subsuelo o que generen riesgo para la salud de las personas”. De hecho, once muestras tomadas en las aguas del río Asua, que desemboca la ría del Nervión-Ibaizabal, habían detectado restos de metales pesados incluso en niveles 43 veces más altos que los permitidos. La empresa señala que aquellos hechos se presentaron “desenfocados” a la sociedad y lamenta que todos estos años no se haya cerrado aún la causa.

La actual no es la única polémica ambiental en Zalla en los últimos años. En localidad natal de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, desde 2005 hay una instalación en monte llamada Las Lagunas para residuos no peligrosos. En 2019 se sucedieron varios incendios y en 2020 una inspección del Gobierno vasco identificó 16 desviaciones. Además, aunque está en territorio de Güeñes, en Zalla también se sintió la nube contaminante de la empresa Glefaran, aunque Medio Ambiente determinó inicialmente que las emisiones eran “molestas” pero no “tóxicas”, como denunciaron algunos vecinos de la comarca. Según informó ‘Deia’ hace dos semanas, Güeñes y Zalla van a destinar 200.000 euros a realizar un análisis conjunto de la calidad del aire en ambas localidades encartadas.