UPA-UCE Extremadura denuncia que a pesar de que la trashumancia está regulada por el Real Decreto 209/2002, de aplicación en todo el territorio nacional, hay comunidades y ayuntamientos que están regulando la actividad apícola en sus términos municipales “legislando contra la libre circulación de bienes y personas”.
La organización agraria ha pedido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que defienda en Madrid los intereses de los apicultores de la región ante las trabas que están poniendo otras comunidades al ejercicio de la trashumancia apícola, una práctica que según recuerda está amparada por la ley.
El secretario regional de ganadería de UPA-UCE, Antonio Prieto, se reunió este martes con el jefe del Ejecutivo autonómico para abordar los problemas y reivindicaciones de esta actividad ganadera “fundamental para la economía extremeña”.
El encuentro surge del compromiso adquirido por Vara durante la celebración de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, celebrada en Caminomorisco a principios de noviembre.
Las barreras
En la reunión se abordó la complicada situación de los productores extremeños ante las “barreras” que algunas comunidades, sobre todo Castilla y León y Galicia, establecen a la trashumancia, práctica que “para producir miel o polen es necesaria, tanto a nivel nacional como autonómico”.
Prieto ha recordado que Extremadura es la comunidad con mayor censo de colmenas y ha añadido que “más del 80 por ciento de las colmenas extremeñas son trashumantes”.
“El Gobierno no hace nada”
Según Antonio Prieto se han mantenido distintas reuniones con el Ministerio pero por el momento “no se ha hecho nada” y ante las reclamaciones de esta organización agraria, responden que “eso es competencia de los ayuntamientos”.
UPA-UCE se ha reunido también con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y tampoco hacen “nada”. “No podemos seguir así”, ha apostillado Prieto, quien en la reunión de hoy solicitará a Vara que encabece esta reivindicación y defienda los intereses del sector apícola extremeño.
El responsable de apicultura en UPA-UCE Extremadura ha destacado que la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado establece tres principios básicos por los que “los afectados pueden denunciar a los ayuntamientos que les impidan practicar la trashumancia”. Estos principios son los de no discriminación, de cooperación y confianza mutua, y de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones.
La organización agraria entiende también que la administración debe garantizar que “no haya exceso de regulación ni duplicidades, impidiendo cargas administrativas adicionales”.
Sobre este blog
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