La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado al Ministerio de Agricultura que amplíe el presupuesto para la renovación de la maquinaria agrícola dado que los cinco millones de euros consignados es una cuantía “raquítica” que no cubre las necesidades “reales” del campo.
Lamenta que estas ayudas tan necesarias sean “meramente testimoniales” debido al escaso presupuesto con el que cuentan y afirma que a pesar de que más del 55 por ciento de los tractores que se utilizan en agricultura en el país tiene más de 16 años, solo el 7,5 % de los comprados en 2015 pudieron acogerse a esta línea de subvención.
UPA-UCE realiza estas declaraciones tras haber analizado el borrador del nuevo decreto que regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, “PIMA Tierra”, para 2016.
Explica que el Ministerio mantiene el presupuesto de cinco millones de euros pese a ampliar el catálogo de maquinaria que se puede acoger a estos apoyos. En concreto, precisa que este año se va ampliar la línea de ayudas a la maquinaria locomotriz -como los equipos de recolección-, la maquinaria arrastrada -como sembradoras o abonadoras- y los dispositivos para la agricultura de precisión, como los GPS.
El secretario general de la organización agraria, Ignacio Huertas, considera que este presupuesto “raquítico” no cubre las necesidades “reales” de renovación que tiene el campo. En este sentido alega que más del 90 por ciento de los tractores que se compraron el pasado año quedaron fuera de las ayudas por la “falta de presupuesto”, por lo que duda de que el nuevo Plan PIMA suponga un impulso real.
A su juicio, esta medida sirve “más de propaganda” del Ministerio que “para dar una solución real al envejecimiento del parque de maquinaria”.
En 2015, de los de 10.587 tractores que se compraron en toda España, 680 fueron adquiridos en Extremadura y, según calcula UPA-UCE, apenas medio centenar pudieron acogerse a estas ayudas que considera “fundamentales” porque contribuyen a mejorar la seguridad laboral y la sostenibilidad de las explotaciones. Asimismo, insta también a la Junta de Extremadura a que establezca medidas propias para paliar este problema.
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