Los ayuntamientos tienen 10 días para garantizar el suministro de luz y agua a sus vecinos
Los ayuntamientos tienen diez días de plazo para aprovechar las ayudas que la Administración autonómica ha puesto a disposición de las familias más necesitadas al objeto de que no haya ninguna casa sin electricidad ni agua potable, sobre todo con vistas a la llegada del frío y las penurias de la llamada pobreza energética.
Desde 2007, la factura eléctrica se ha disparado en España un 63 %, mientras que la renta
media de los hogares se ha reducido un 8,5 % según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de pobreza energética ha pasado del 5,9 % en 2008 al 10 % en 2010, y se estima que actualmente ronde el 15 %; es la situación que describe el decreto de suministros mínimos vitales que este viernes se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura.
La primera convocatoria de ayudas, que está ahora abierta por un plazo de 10 días, cuenta con un fondo de 5 millones de euros que la Junta repartirá entre los ayuntamientos, y éstos entre sus vecinos necesitados.
El decreto protege el pago de las deudas familiares que haya por ese motivo, para que no se produzcan cortes de suministro, y el pago de las facturas futuras a partir de este momento.
Cubre los recibos de los últimos seis meses siempre que la compañía de luz o agua haya avisado ya por escrito del corte, y con un máximo de 300 euros por domicilio; para quienes demuestren necesidad económica contempla también el pago de los recibos que se produzcan a partir de ahora, por el importe equivalente a 6 kilovatios/hora diarios por vivienda, y 100 litros de agua potable por persona.
Son más de 27.000 familias extremeñas con problemas para abonar las facturas, según la Junta.
621 euros de ingresos
Para recibir estas ayudas hay que demostrar que en casa no entran mensualmente más de 621 euros, tope al que se añadirá un 8% por cada persona que conviva, y otro 25% más si la familia paga hipoteca o alquiler.
El mecanismo es que la Junta reciba ahora las peticiones de los ayuntamientos, serán ellos los destinatarios formales del dinero que les toque entre los cinco millones de euros que hay, y los responsables de asignarlo posteriormente a sus vecinos que cumplan las condiciones y se conviertan por tanto en beneficiarios.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que es la competente en el asunto, ha establecido un tope de 5.000 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes, y a partir de ahí una escala según la cual Badajoz y Cáceres, por tener más de 90.000 habitantes, recibirán hasta 250.000 euros cada una, y Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo, Zafra y otras que superen los 15.000, un máximo de 125.000 euros.
