Carmen Heras declara ante el juez que confió en los técnicos en el caso de ruidos de La Madrila

La exalcaldesa socialista de Cáceres Carmen Heras declaró este miércoles como acusada en el caso del ruido de los bares de la zona de La Madrila, por el que se enfrenta a una pena de un año y nueve meses de cárcel. Allí aseguró que firmaba lo que le pasaban los técnicos basándose “en el principio de confianza”.

Heras, que se ha sentado en el banquillo junto a su concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, y once hosteleros de la ciudad, ha basado su defensa en que “no es técnica en derecho” y ha dicho que la prudencia le hacía “no cuestionar a los funcionarios”. Sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, y ha mantenido que cuando llegó a la alcaldía “intentó resolver el problema de La Madrila” con los medios que tenía a su alcance y con el equipo que se ocupaba de ello.

Heras y Jurado llegaron a los Juzgados pasadas las 09:15 horas de este miércoles acompañados por el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales. También por el secretario de la Agrupación Local, Vicente Valle, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luís Salaya, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco y la directora gerente del Instituto de Consumo, Leonor Martínez Pereda.

El juicio

La representante del Ministerio Fiscal le ha ido exhibiendo los expedientes que ella firmó durante su mandato como alcaldesa con respecto a los locales de ocio. Ante ello, Heras ha respondido que los expedientes eran realizados por los técnicos, que el instructor era el concejal de Seguridad Ciudadana y que ella firmaba la resolución con respecto al criterio de éstos.

La fiscal ha insistido en pedirle que explicase por qué no se interesó en leer los expedientes completos, cuando algunos venían de 2004, y le ha preguntado por qué “sólo resolvía cuando eran peticiones de otras administraciones como Fiscalía y Defensor del Pueblo y no denuncias de los vecinos”.

A todo esto Heras ha respondido que “ella firmaba todo lo que le pasaban y no dejaba de tramitar nada” y que “habría que preguntar a los responsables que estaban en el 2004”. En cuanto a por qué algunos expedientes se alargaban a través de alegaciones durante años o no firmaba propuestas del concejal de Seguridad Ciudadana, la exalcaldesa no ha podido dar ninguna respuesta.

En medio del interrogatorio Carmen Heras ha dejado claro que tomó medidas para solucionar este problema que se arrastraba desde hacía décadas en cuanto tomó posesión como alcaldesa, con la elaboración de una ordenanza que obligaba a la insonorización a los locales, además de insistir en que confió en las personas que conocían las cuestiones técnicas mejor que ella.

“No tienen ninguna responsabilidad penal”

El abogado de Heras y Jurado, Emilio Cortés, de manera previa al inicio de la vista, ha insistido en que sus patrocinados “no tienen ninguna responsabilidad penal” en estos hechos por no ser los responsables de elevar los expedientes. Además ha incidido en que sus defendidos “tomaron todas las medidas que estaban en su mano” y que lo que no podían hacer es “ir con una escopeta para que se entraran en los bares los fumadores”, ante lo que ha pedido que “se simplifique el asunto”.

Hosteleros acusados

Los letrados de los once hosteleros han solicitado por su parte la absolución de sus defendidos por considerar que en el caso de haber existido alguno de los delitos de los que se les acusa, contaminación ambiental y lesiones, han prescrito, algo que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 encargada del caso resolverá en la sentencia.

El abogado de la Asociación Cacereños Contra el Ruido que interpuso la querella criminal en 2010, Eugenio Cuadrado, antes de entrar en la Sala, ha puesto de manifiesto que “los vecinos no fueron escuchados ante la avalancha de denuncias que presentaron”. En la primera sesión de un juicio, que está previsto dure hasta el 31 de octubre, sólo ha prestado declaración Carmen Heras.

Para ella y Jurado la Fiscalía solicita la pena de un año y nueve meses de prisión por el delito de prevaricación así como 10 años de inhabilitación para cargo público. En cuanto a los once empresarios al frente de los nueve establecimientos denunciados, el Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.

A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos cuyas cantidades tendrá que decretar la Sala y por lo que la acusación particular solicita 297.000 euros y pone al ayuntamiento como responsable subsidiario. Además se fija el pago de 20.000 euros en total a cuatro vecinos por parte de los responsables del local Tacones.