Los hosteleros de La Madrila piden el indulto y la suspensión de la condena para evitar entrar en la cárcel

Al menos diez de los once hosteleros condenados a penas de cárcel por el caso del ruido en La Madrila han solicitado al Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres la suspensión cautelar de la misma hasta que llegue el indulto total o parcial que se ha tramitado y que tardaría “entre ocho meses y año medio en resolverse”.

Así lo ha manifestado el abogado de cinco de los hosteleros condenados, Ángel Luis Aparicio, que representa a los gerentes de los locales de ocio nocturno Maquiavelo, Sugar, Submarino y dos de Barrocos. Aparicio acudió a los juzgados cacereños para solicitar tanto el indulto como la suspensión cautelar de la entrada en prisión, ya que fueron condenados a dos años, tres meses y un día. 

El tribunal condenó a once hosteleros, así como a la ex alcaldesa Carmen Heras y al ex edil de Seguridad Carlos Jurado, por contaminación acústica en la zona de ocio nocturno de La Madrila. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó la semana pasada por unanimidad una moción en apoyo a la petición de indulto parcial solicitada por los hosteleros condenados, a fin de que eludan la cárcel. 

Los grupos municipales también destacan que se trata de un proceso de gran calado social, con innumerables apoyos del sector empresarial, colectivos culturales, artistas, músicos etc. Se suma un “gran apoyo popular” con la recogida de más de 8.000 rúbricas pidiendo el indulto parcial a los hosteleros condenados. 

Petición de indulto

Por un lado se tramita al Gobierno central la petición de indulto total o parcial para reducir la sentencia a un máximo de dos años, que supondría la posibilidad de que no entraran en la cárcel, al no tener antecedentes (al menos, los cinco representados por Aparicio), informa la Agencia Efe.

El letrado ha aclarado que aunque se trata de “una norma generalizada, no es tasada en ley, siempre depende de una decisión judicial”, por lo que cabría la posibilidad de que se aprobara un indulto parcial y la juez decretara el ingreso en prisión. Ha reconocido que “sería muy raro” y también ha aclarado que los casos se estudian individualmente por las circunstancias personales de cada condenado, aunque el hecho es idéntico.

También ha precisado, en cuanto a la suspensión cautelar de la pena de cárcel, que la jueza puede rehusar aplicarlo (“en el plazo que estime oportuno”) y que cabría recurso a la Audiencia Provincial para intentar revocar esta decisión. Aparicio ha argumentado que el indulto se pide por varias razones.

Ha pasado una década

Por un lado “los hechos son del año 2009, cuando esto se quiera resolver habrá pasado una década”. Además, “los empresarios han asumido el delito, han pedido perdón y han indemnizado a las víctimas” (aunque algunos han solicitado el aplazamiento del pago).

“Hay circunstancias excepcionales, y para eso está la Ley de indulto, para dirimir excepcionalmente su entrada en prisión”. Asimismo, el letrado ha especificado que “en los casos que yo conozco a nivel nacional se han concedido indultos parciales de la pena privativa de libertad por los mismos delitos medioambientales” (contaminación acústica). Casos similares “con circunstancias más graves.

Porque aquí no hay ninguna patología médica que detectara una enfermedad como consecuencia“ de los hechos; ”solo daños morales“, ha aclarado Aparicio, que apela a ”circunstancias personales, como el arraigo social y familiar“. También ha manifestado que en casos similares el Gobierno ”solo pide indemnizar a las víctimas“ para conceder indultos.

Considera como “dato significativo”, a favor de los condenados, la recogida de firmas ciudadanas a favor del indulto y el hecho de que el pleno municipal haya apoyado unánimemente la solicitud de indulto parcial para que los hosteleros eludan la cárcel. “Falta que los perjudicados apoyen esa petición de indulto”, un extremo que, según Aparicio “sabremos cuando el juzgado dé traslado de la petición de suspensión de pena por indulto a los demandantes”.