Tres miembros del Campamento Dignidad declaran ante los juzgados acusados de usurpación de una vivienda
Tres miembros del Campamento Dignidad de Mérida, entre los que se encuentra el excoordinador de IU en Extremadura Manuel Cañana, comparecen este miércoles ante los juzgados de Mérida. Están imputados de un presunto delito de usurpación de una vivienda social propiedad de la Junta de Extremadura.
Los hechos se remontan al pasado 20 de junio, cuando estos tres activistas apoyaron una acción de los vecinos del barrio de San Lázaro. En dicha acción los vecinos echaron abajo el tapiado de una vivienda propiedad de la Junta de la que había sido desahuciada una familia, supuestamente por ocupación ilegal, ha explicado Manuel Cañana a eldiario.es.
Cañada ha señalado que ni él, ni los otros dos miembros del campamento imputados, participaron en el derribo del tapiado. Simplemente se personaron en el lugar para apoyar la “recuperación” de la vivienda. Sin embargo han sido llamados una vez más a declarar ante la justicia.
Según ha denunciado, en el pasado mes de junio hubo hasta tres desahucios de viviendas sociales en Mérida en los que había menores, una de ellas la del caso que ahora les ha llevado ante la justicia.
En total, comenta, hasta 10 niños tuvieron que pasar el trago de ser desahuciados por la policía bajo la orden de la Junta de Extremadura, que ha denominado estos casos como una “recuperación” del parque de viviendas públicas.
“Ha habido una vulneración de la ley”
Cañada critica que el Gobierno del PP de Monago no está teniendo en cuenta las circunstancias por las que pasan las familias que son desahuciadas.
Según consta en un escrito entregado por Manuel Cañada al consejero de Fomento y Vivienda, Víctor del Moral, en la vivienda desahuciada en San Lázaro se encontraban durmiendo en ese momento cuatro menores de entre 4 y 8 años.
También pone de manifiesto que la madre se encuentra en el tercer grado penitenciario y el padre está en prisión preventiva, de manera que duda de que estas personas puedan recomponer sus vidas tras arrebatarles el techo en el que se cobija la familia.
Por ello ha hecho alusión a la vulneración de la legislación de menores, así como a los acuerdos alcanzados en la Asamblea de Extremadura en cuanto a la paralización de los desahucios de viviendas sociales.
