Condenan al servicio de la dependencia a ofrecer el servicio de logopeda a una niña autista
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha condenado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) a restituir las sesiones de logopedia que recibía una niña autista y que le fueron retiradas.
Según recoge la sentencia, a la que EFE ha tenido acceso, la administración decidió retirar el servicio a la menor al entender que había duplicidad, pues en su colegio ya lo estaba recibiendo, situación que ha quedado demostrado que no fue cierta.
A juicio de los padres de esta niña, “la única respuesta que había detrás de aquella decisión fueron ”los recortes en servicios sociales“, ha manifestado la madre, Ana Belén Salas.
En rueda de prensa, Salas, que es también la presidenta de la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista (Aftea), ha denunciado que existen más casos como el de su hija en los que también “se les están denegando tratamientos”.
En estos casos, ha dicho, “les hacen creer a los padres que al niño ya no le hace falta o, como en mi caso, que ya se les atiende en el colegio”.
Salas ha manifestado que en el colegio al que acude su hija, existen profesores especializados en Audición y Lenguaje, pero “no se trata de logopedas”.
Para la familia, esta sentencia también es importante pues “puede animar a otros padres a luchar por los derechos de sus hijos”.
El abogado que ha llevado el caso, Ángel Luis Aparicio, ha dicho que “la juez lo tuvo claro y dictó la sentencia al día siguiente del juicio”.
La presidenta de Aftea ha manifestado que le ha hecho llegar la preocupación por estos recortes al consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien le ha respondido que están pendientes de la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
Salas ha señalado que asociaciones como la suya “ayudan mucho a las administraciones pero que necesitan que no siga habiendo más recortes”.
La sentencia, que es firme, condena además al pago de las costas procesales a la Junta.
