Diputación Badajoz destina 6 millones de euros a Plan regional de Empleo Social
Con los votos favorables del PSOE y la abstención del PP, en una sesión extraordinaria el Pleno ha dado el visto bueno a un programa cuyo objetivo es generar medidas contra el desempleo hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque el Plan puede prorrogarse.
El objetivo es incentivar la contratación de personas en paro por parte de los municipios y las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma, así como por las pequeñas y medianas empresas, las entidades sin ánimo de lucro o firmas de economía social.
En la sesión se ha señalado que las entidades firmantes mantienen interés en la implementación de cuantas medidas sirvan para dar solución al problema de las personas en desempleo, muchas en situación de exclusión social.
Los beneficiarios son ciudadanos en paro de larga duración que carecen de prestación o subsidio por desempleo, y se permitiéndose la participación de los perceptores de la Renta Básica Extremeña de Inserción.
El acuerdo se formaliza en el marco de las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que se materializarán con la aprobación de un Decreto.
Dos años
Del total de la inversión destinada al plan, 12 millones son aportados por las diputaciones provinciales extremeñas, a partes iguales, y el resto por la Junta de Extremadura.
La Diputación de Badajoz se compromete a destinar seis millones de euros durante las anualidades 2015 y 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente, así como a ingresar ese dinero en la Tesorería General de la Junta.
El 15 por ciento se pagará antes del 30 de diciembre de este año, y el 85 por ciento restante con la fecha límite del 30 de abril de 2016.
El presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado que los seis millones de euros se van a detraer de diferentes partidas con el objetivo de “poner en valor” la prioridad del empleo, pero sin afectar a los planes de obras y servicios.
Las contrataciones que hagan los municipios deberán estar avaladas por un informe de los servicios sociales de base expresamente emitido en el proceso de selección.
En las contrataciones que efectúen entidades privadas, la necesidad social se explicitará en los criterios de puntuación que establecerá en el Decreto.
