La Diputación de Cáceres debatirá en un próximo pleno facturas de la era Tovar
La moción presentada por el Grupo Popular en la Diputación de Cáceres sobre el supuesto pago irregular de facturas de obras entre los años 2005-2009 se debatirá en el pleno ordinario de febrero, según ha anunciado el vicepresidente de la institución, Fernando Grande.
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfredo Aguilera, reprochó el jueves pasado que la presidenta de la Corporación, Rosario Cordero, se había negado por segunda vez a incluir esta moción -que solicita la constitución de una comisión informativa especial sobre el asunto- en el orden del día de las sesión plenaria.
Grande (PSOE) ha explicado que la propuesta de los populares no podía incluirse en el pleno de momento porque primero hay que resolver un expediente administrativo que está en marcha. Y es que el PP ha interpuesto un recurso contra un acuerdo plenario sobre una modificación de crédito extraordinario, y ahora la institución provincial tiene que atender ese recurso y por eso están redactándose los informes técnicos internos.
Las facturas a las que alude el PP proceden de la legislatura 2005-2009 que presidía el socialista Juan Andrés Tovar y se refieren a obras adjudicadas por 1,2 millones de euros; parte de las facturas obtuvieron un reconocimiento de pago extrajudicial por parte de la Diputación en la sesión plenaria de noviembre de 2015, con los votos favorables del PSOE y los votos en contra de PP y C's.
Según el PP, Intervención avisó en su momento de que dichas adjudicaciones no contaban con el crédito presupuestario suficiente.
Hasta que no esté lista la respuesta al recurso de reposición presentado por el PP, la moción de ese partido no se incluirá en el orden del día del pleno provincial, ha explicado el portavoz de la institución Fernando Grande.
Por eso el grupo del PSOE rechazó anteayer la urgencia de la moción, ya que no se tiene toda la información al respecto.
En opinión de Grande no habría lugar a que el PP pida ahora una comisión de investigación, en los últimos cuatro años de gobierno de Laureano León fueron conocedores de esas facturas y han actuado con irresponsabilidad“.
Sostiene que la legalidad de las obras contratadas está demostrada por los informes técnicos, y lo único que se hizo en noviembre fue dotarlas de crédito para poder pagar a las empresas
Aguilera, portavoz del PP, ha señalado que “irregularidades administrativas las hay por todos lados; aunque yo no digo que sean penales”.
