Economía, preocupada por los empleados y clientes de Liberbank
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha explicado que la Junta de Extremadura mantiene reuniones “prudentes” con la dirección de Liberbank para conocer la realidad de la situación por la que atraviesa la entidad.
Blanco-Morales se ha pronunciado de esta forma en una comparecencia que ha protagonizado, a solicitud del PP, en el pleno de la Asamblea de Extremadura este pasado jueves.
En estos contactos la titular de Hacienda ha trasladado la “preocupación” del Ejecutivo regional por los trabajadores, por la atención a los clientes y por la reorganización que pretenden llevar a cabo.
En lo que se refiere a los trabajadores, dado el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos que articula un régimen de excedencia pactada compensada, “no se puede más que respetar el acuerdo entre las partes”.
“No es un ERE ni hay despidos, sino excedencias pactadas”, ha matizado la consejera, al tiempo que adelantado que la dirección de la empresa prevé “alternativas” sobre las oficinas.
“La entidad nos traslada que su propósito no es cerrar oficinas; sino buscar nuevas fórmulas que permitan mantener los valores de la banca minorista tradicional, cercanía y personalización, a través de nuevas fórmulas y canales”.
Por ello, Blanco-Morales ha pedido “sentido común” y “prudencia” a los partidos políticos para no alarmar a los inversores y “no hacer demagogia en campaña electoral”.
“Ahora hacen bandera electoral por el hipotético cierre de oficinas bancarias los mismos que suprimieron el transporte escolar gratuito, que hace un año dejaron sin recursos los comedores escolares en verano y dejaron sin urgencias médicas a más de treinta mil extremeños”. Asimismo, ha reclamado a la entidad que impere la racionalidad en la reordenación de sus estructuras comerciales para garantizar el servicio a todos sus clientes en la región.
Ha insistido en que la Junta de Extremadura no tiene competencias ni en materia de supervisión bancaria ni en materia de mercado de valores; de modo que el Gobierno autonómico no tiene potestad para interferir en la voluntad de pactar entre las partes negociadoras.
