La demolición de Valdecañas acarrearía daños económicos y sociales, según el Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) considera que la demolición de Marina Isla de Valdecañas tendrá un escaso o nulo beneficio ambiental y acarrearía graves daños económicos y sociales.

Así lo explica en un comunicado la patronal extremeña, la CREEX, entidad integrante del CES. Informa de que el Consejo Económico y Social de Extremadura ha elaborado un dictamen en el que se refleja que la reversión a la situación previa de la Isla de Valdecañas “tendría un mayor impacto negativo que el que se pretende corregir vía ejecución de la sentencia”.

El Tribunal Supremo confirmó en 2014 la ilegalidad del complejo turístico y ordenó la “reposición de los terrenos” a la situación anterior al proyecto urbanístico. De esta forma el tribunal ordenó literalmente, la “reposición de los terrenos” a la situación en que estaban antes de la aprobación del proyecto y anuló el decreto por el que la Junta de Extremadura autorizó el complejo turístico, informa la Agencia Efe.

Según el citado dictamen del CES la demolición del complejo provocaría pérdida de empleo, despoblación, merma de ingresos municipales y emigración en el entorno de los municipios donde se ubica, y “millonarios costes para la Administración en demoler las estructuras e indemnizar a los promotores”. 

Daño ambiental

En su primera parte el CES analiza el supuesto daño ambiental generado por la construcción en cuestión, poniendo sobre la mesa dos cuestiones: los valores medioambientales también deben tener una consideración como posible recurso para mejorar la vida de las personas, y toda actuación humana tiene efecto en el ecosistema.

Como evidencia más palmaria apunta a que el propio embalse de Valdecañas, en su construcción, “tuvo un impacto claro en la transformación del medio ambiente”.

Seguidamente el dictamen hace referencia a los supuestos valores ambientales de la isla previos a la construcción del núcleo residencial, y alude al propio informe de la Estación Biológica de Doñana, donde se apunta a que “el valor ambiental de la isla de Valdecañas no era extraordinario”.

“No destacaba por su calidad ambiental relativa” debido al intenso manejo humano en la zona, lo que lleva a que “la biodiversidad de la isla era probablemente menor que la del entorno”, se añade.

Estas expresiones permiten asegurar que “no hay datos concluyentes que acrediten que la actuación urbanística ha incidido negativamente en la Isla de Valdecañas en relación a la situación medioambiental preexistente”, según el dictamen. 

Daños económicos y sociales 

Concluido que el daño ambiental es nulo o mínimo, el CES analiza el impacto económico y social de Isla de Valdecañas en el entorno, tomando como referencia principal a la población de El Gordo, que es la que más término municipal aporta a la urbanización.

Así se constata con un análisis demográfico que la construcción de Isla de Valdecañas no solo ha roto la tendencia a la despoblación y el envejecimiento de esta localidad, sino que su impacto ha supuesto un incremento poblacional, sobre todo de personas de menos de 64 años, que ronda el 39 % en apenas diez años. 

Sin embargo, el Dictamen advierte de que, a partir de 2014, cuando se dicta la sentencia y se paraliza el complejo, “la evolución demográfica vuelve a invertirse, y de nuevo aparece el fantasma de la despoblación, con un descenso poblacional de nueve puntos en cuatro años”.

Seguidamente, analiza lo que ha supuesto Isla de Valdecañas en términos de recaudación municipal por IBI, que refleja que “la cuota por este impuesto ha crecido un 2.587 % desde que empezó la construcción, hasta constituir ya la mitad de los ingresos del municipio”.