La patronal extremeña pide más medidas a favor de las pymes en la Ley de Contratación pública Responsable

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Francisco Javier Peinado, considera que la propuesta de Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable es oportuna y pide algunas mejoras en favor de las pymes.

Peinado compareció este lunes en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, dentro del período informativo de esta propuesta de ley conjunta del PSOE y de Podemos. Aunque ha opinado que la norma fomenta la contratación de las pymes, ha criticado que en los procedimientos negociados el plazo de presentación de ofertas sea inferior a la ley nacional, ya que precisamente no favorece a este tipo de empresas, con menor estructura.

Ha rechazado que la norma extremeña sea más restrictiva que la nacional en la confidencialidad de los contratos, ya que, a su juicio, la barrera debería ser la Ley de Protección de Datos española. Ha expresado sus “dudas” sobre si el ámbito de aplicación de la nueva ley es de obligatorio cumplimiento para las administraciones locales en todo su articulado.

En su opinión, la propuesta del PSOE y Podemos avanza en materia de transparencia, pero el contenido del contrato mínimo debería de quedar mucho “más claro y expreso” a la hora de los compromisos que debe cumplir el adjudicatario respecto a las cláusulas sociales y medioambientales. También advierte que “el papel lo aguanta todo”, y habría que ver si el adjudicatario ha cumplido con aquello a lo que se comprometió y que a lo mejor fue un criterio decisivo para llevarse el contrato.

Ha abogado por incluir en la ley medidas coercitivas en caso de incumplimiento y que la oficina de supervisión cuente con los agentes económicos y sociales. 

Postura de los sindicatos 

Mientras, la secretaria regional de CCOO, Encarna Chacón, ha dado la bienvenida a la Propuesta de Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable, ya que a su juicio ayudará a mejorar el mercado laboral y a que el empleo que genere sea de más calidad “sí está controlado”. Subraya que su organización siempre ha defendido que las administraciones publicas tenían que implicarse en las licitaciones para favorecer la calidad y las estabilidad del empleo.

Valora que esta ley sea de aplicación en la Junta y demás entidades dependientes y entidas locales, y ha considerado positivo que se designe un órgano para supervisar su ejecución y asegurar el correcto desarrollo.

La dirigente de CCOO sí ha señalado que le hubiera gustado que se hubiera tramitado como proyecto de ley y con mayor diálogo y análisis de los agentes sociales en el seno del Consejo Económico y Social.  

Por su parte la Federación de Servicios Públicos de UGT de Extremadura considera que la Propuesta de Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable no corrige las deficiencias que tiene la ley estatal, ya que solo se limita a adaptar órganos regionales “y no avanza mucho más”.

El representante de la FeSP, Vicente Barbero, afirma que existen aspectos sociales y laborales en los que se puede avanzar, que no aparecen, entre ellos la subrogación obligatoria de los trabajadores, con las condiciones del convenio sectorial de aplicació. También propone quitar obstáculos para la reversión de los servicios púbicos y garantías en materia de subrogación para aquellos casos en los que la administración entiende que hay que rescatar un determinado servicio.

Mayores garantías para controlar el desarrolo y calidad del servicio, delimitar los contratos menores, evitar en la medida de posible la concurrencia de empresas temporales y multiservicios a los contratos y que se deje claro que toda contratación pública debe incluir cláusulas sociales y criterios de solvencia, son otras propuestas de este sindicato.