Reforma de la financiación: desacuerdo entre expertos, lío para políticos

Reformar la financiación autonómica es como andar sobre un alambre de números que queman. La comisión de expertos que acaba de entregar su informe al Gobierno ha vivido momentos de intenso debate y profundas discrepancias, lo que augura una negociación política de desarrollo incierto.

Alrededor de una decena de votos particulares desencadenó el informe de los 20 expertos designados entre el Gobierno y las comunidades autónomas, lo que refleja el grado de debate, y a veces hasta de enconamiento, que se vivió durante las reuniones que celebraron a lo largo de seis meses. Incluso la composición y modo de funcionar ha torcido el gesto de algunos especialistas.

El reto de la negociación es arduo, nadie lo duda. Ha dicho el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que la reforma hay que pactarla “entre todos”, mientras que el ministro Cristóbal Montoro ha afilado más: Sin el PSOE, la reforma es “imposible”.

Las comunidades de signo socialista han respondido con un llamamiento a la urgencia: nada de “excusas”, que el Gobierno empiece ya a hablar. La idea es que haya nuevo modelo a finales de año, pero tanto fuentes gubernamentales como fuentes autonómicas no quieren atarse a ningún plazo ante la tarea que se avecina. Fundamentalmente, los focos de debate entre los expertos han sido estos:

NO PERDER CON EL NUEVO MODELO

Uno de los quebraderos de cabeza al que se llevan enfrentando los expertos y los técnicos desde hace años consiste en averiguar si hay forma de precisar el volumen de recursos de las autonomías. Sí está probado que las comunidades han perdido ingresos. Que la caída sea por las insuficiencias del modelo vigente o por la crisis que explota en 2009, o por ambas cosas, tampoco está aclarado del todo en el informe, aunque se deja entrever.

Para atajar las diferencias de recursos entre las comunidades, los expertos han hablado, y mucho, de la nivelación vertical (recursos desde el grifo del Estado), de la nivelación horizontal (entre autonomías) y de la nivelación plena (todos los recursos, vengan de donde vengan, para todos los servicios en todos sitios).

Por esta última aboga la experta de Extremadura en un voto particular propio, y los de Andalucía y Castilla-La Mancha en otro, porque en la nivelación plena, dicen, consiste la solidaridad entre territorios.

Otro de los votos particulares está firmado por los “sabios” de Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y de la Administración General del Estado, y apuesta por la defensa del “statu quo” logrado. Sus comunidades no quieren perder fondos si llega un nuevo modelo. La cuestión se vivió intensamente en la comisión de expertos, pues otro grupo está a favor de terminar con ese “statu quo”.

LA “ORDINALIDAD” NO ES CONSTITUCIONAL

Cataluña lleva defendiendo desde hace años el principio de ordinalidad, que quiere decir, más o menos, que si un territorio tiene un alto nivel de renta, el Estado debe darle ingresos en función de esa renta. La catalana no es la única comunidad que alienta esta premisa.

Para Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, sin embargo, es inasumible, y así lo resaltan en uno de sus votos particulares. Primero, porque no hay nada en la Constitución que suene parecido; segundo, porque se quiebra la solidaridad y la igualdad, que sí son términos que recoge la Carta Magna; y tercero, porque vulnera esa nivelación vertical por la que el Estado iguala con sus recursos los fondos de aquellas comunidades que menos recaudan.

Además, los expertos que suscriben este voto particular cuestionan si basta una mención a la “ordinalidad” en el Estatut catalán para exponerlo en un informe sobre el sistema nacional de financiación. Su conclusión es que no, así que piden suprimir todas las referencias a ese principio.

En los tributos que pagan los ciudadanos está la clave. Los expertos coinciden en que las autonomías deberían disponer de mayor margen de decisión fiscal, pero no en cómo usar ese margen.

Entre las posiciones a favor de poner coto a la preponderancia fiscal del Estado, de modo que se reparta más equitativamente con las comunidades, destaca la justificación del experto de Baleares.

¿QUITAS A LA DEUDA? SÍ, NO Y DEPENDE

El especialista designado por la Comunitat Valenciana reproduce en un voto particular algo que los mandatarios valencianos llevan tiempo sugiriendo: proceder a una reestructuración “transparente” de la deuda de las autonomías con el Estado.

Plazos más amplios, mayores periodos de carencia, tipos de interés favorables, supervisión por el Banco de España y la AIReF...

Son algunas condiciones propuestas para acabar con la insostenibilidad de la deuda, ya que otras opciones para ello serían aumentar los ingresos (o sea, subir impuestos) o recortar más.

Algunos expertos rechazan tajantemente la idea y otros, sin verla mal, tampoco ponen buena cara. El de Canarias, por ejemplo, mediante otro voto particular, advierte del “riesgo moral” de premiar, si se ponen quitas, a comunidades que no se han ajustado a la estabilidad presupuestaria.

¿HA FUNCIONADO BIEN LA COMISIÓN?

Uno de los votos particulares señala claramente que no. El mecanismo de elección de expertos, a propuesta de los gobiernos, “ha hecho casi inevitable” que “muchos de ellos se hayan visto obligados a anteponer los intereses inmediatos” de las administraciones que le postularon, apuntan los autores del voto particular, expertos nombrados por la administración del Estado.

Ponen en duda, por tanto, que se haya trabajado como se debería en “una verdadera comisión de expertos independientes”.

Reseñan otras “complicaciones” derivadas del “tamaño de la comisión, de lo limitado del tiempo establecido y de lo precario de las condiciones de trabajo, pues se ha exigido una elevada dedicación” que los expertos “han tenido que compaginar son sus tareas habituales sin ningún apoyo o compensación”.

También consideran que “el mecanismo de decisión no ha sido el más adecuado” al optar por la mayoría simple en vez del voto ponderado, lo que “ha dejado a los representantes de la administración del Estado en una clara minoría”.

El resultado, para los firmantes del voto particular, es un “informe claramente desequilibrado” hacia los propósitos de las comunidades.