La próxima subasta de las renovables marca las mismas reglas que dejaron fuera a Extremadura del reparto

La subasta de las renovables del pasado mes de mayo otorgó la mayoría de los 3.000 MW a la energía eólica y dejó fuera la fotovoltaica, la energía que tiene mayor peso en la región.

El Gobierno central ha abierto una nueva subasta, pero las reglas del juego son iguales a la anterior puja, de modo que los resultados para el futuro de las renovables de la región puede verse de nuevo paralizado.

Por este motivo la Junta de Extremadura ha presentado alegaciones a las bases reguladoras de la nueva subasta de energías renovables, también de 3.000 megawatios, como hizo en la anterior.

La directora general de Industria, Energía y Minas, Olga García, ha sido muy crítica y denuncia que la comunidad “no se merece que impidan su desarrollo”. Tacha de inaudito que una región con el potencial como la extremeña “se encuentre un obstáculo tras otro que frene su progreso económico”.

“No hubo un reparto neutral”

En el anterior reparto tanto el Gobierno extremeño como los productores de energía solar reprocharon al Ejecutivo del PP que no haya sido neutral en el reparto. Los ganadores fueron los cuatro grandes productores de la energía del viento.

Se aplicó como criterio que en caso de empate la eólica tendría prioridad frente a la energía fotovoltaica. Así en caso de empates en las ofertas de descuentos de las empresas sobre la retribución a percibir, el criterio definitivo fue el de mayor número de horas de funcionamiento.

Motivo por el que denunciaron la falta de equidad del Gobierno central a la hora de dar oportunidades de desarrollo a las comunidades autónomas.

Las alegaciones

En comisión parlamentaria la directora general de Industria, Energía y Minas ha explicado que las alegaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores reflejan sus discrepancias con determinados criterios “claves”.

El Gobierno extremeño lamenta que el parámetro número de horas equivalente para cada tecnología “iba a alterar las condiciones de competitividad natural”, como al final ocurrió a su juicio. Esto, según la Junta, podría haberse evitado si se hubiese establecido la subasta en función de un precio por kilowatio/hora y no por potencia instalada ya que “cada ofertante tendría en cuenta sus costes de inversiones y horas de funcionamiento real”, informa Efe.

“España es el único país del mundo en el que esto es así. Además de no tener sentido, es un sistema sumamente complicado que resta transparencia”, ha añadido. Además manifiesta su “disconformidad” con el sistema de desempate establecido porque, ante un empate entre ofertas económicas de un parque eólico y una instalación fotovoltaica, “sin ninguna justificación se consideraba ganador al parque eólico”.

Además el Gobierno extremeño solicita cupos especiales para fuentes renovables emergentes: biomasa y termosolar, ya que éstas no han tenido la misma oportunidad de desarrollo tecnológico que la eólica y fotovoltaica, “muy avanzadas” en este sentido, y “en consecuencia no parten en igualdad de condiciones”.

Respuesta del PP

El diputado popular José Antonio Echávarri ha mencionado los cinco recursos que interpuso el anterior Ejecutivo regional del PP contra normativas del Gobierno central, “del mismo color político”, que afectaban al desarrollo de las renovables en la comunidad.

“Ustedes a la hora de la verdad cuando cruzan el túnel de Miravete se transforman completamente”, ha declarado Echávarri para acusar después de “sumisos” al presidente extremeño y consejero regional, a los que ha pedido que vayan “con toda contundencia a los tribunales” cuando se dan decisiones que perjudican a la región.

García le ha respondido que los cinco recursos “no sirvieron absolutamente para nada”. Le ha recordado que quien ha impedido el desarrollo de las renovables en la región ha sido el Gobierno central del PP a golpe de real-decreto y tras una etapa de gran expansión con el Ejecutivo nacional socialista.