3.000 interinos docentes deberían recibir 5,1 millones de euros en atrasos según PIDE

Dos sentencias, del Tribunal Supremo y de un Juzgado Contencioso Administrativo no recurrida por la Junta, darían derecho a los profesores interinos a incorporarse siempre desde el principio del curso, el 1 de septiembre, y además podría garantizar dinero atrasado a los que la Junta no dejó hacerlo desde hace tres años, un total de 5,1 millones de euros.

Por un lado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado una sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), contra la que no cabe ya recurso, por la que se reconoce el derecho de todo el colectivo de los docentes interinos a incorporarse el 1 de septiembre.

Esta sentencia afecta a la totalidad de los docentes interinos “y no sólo a uno”, en relación a una sentencia que hubo previa, “por lo que el fallo del TS será extensivo a todos aquellos docentes que quieran adherirse al mismo”, añade Csif.

De ser así, los interinos podrán “reclamar los derechos laborales y económicos no reconocidos en su día por la Consejería de Educación”.

Retroactiva

Por su parte el sindicato PIDE ha asegurado este lunes que la sentencia que ganó en su día en nombre de un afiliado, al que se le reconocieron sus derechos económicos y administrativos desde el 1 de septiembre, es la única que reconoce una retroactividad de cuatro años a los interinos docentes.

Dicha sentencia, del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Mérida, es firme desde el 4 de septiembre de 2020, ya que no fue recurrida por la Administración, ha indicado PIDE en un comunicado.

PIDE ha facilitado gratuitamente a sus afiliados un documento de extensión de sentencia para que todos los afectados puedan exigir su aplicación.

Este sindicato solicitará a la Consejería de Educación su aplicación inmediata a todo los interinos con vacante, aplicando los mismos beneficios que la sentencia reconoce para el demandante representado por PIDE -el pago retroactivo de los días no abonados de los últimos cuatro cursos y el reconocimiento de todos los derechos administrativos-.

Los docentes afectados desde el curso 2017-2018 al curso 2020-2021 serían 3.180 docentes, según sus estimaciones, lo que supone que el coste de reconocer los cuatros años de retroactividad es de 5.130.895,28 euros y el coste anual consolidado desde este curso es de otros 1.289.200,26 euros.

La sentencia considera ilegal y discriminatorio contratar a los funcionarios docentes interinos con varios días de retraso respecto a los funcionarios de carrera, irregularidad que está prohibida por directivas y sentencias de la Unión Europea. 

PIDE ha reiterado que la mejor solución para todos es que la Administración reconozca de oficio la extensión de esta sentencia a todos los funcionarios de carrera e interinos a los que les corresponda.