Bloqueo institucional y falta de voluntad: la UEx afronta un conflicto docente que se agrava mientras Extremadura sigue sin gobierno

En la Universidad de Extremadura (UEx), el tiempo corre en contra de decenas de docentes que llevan años esperando una solución. Casi tres años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el profesorado ayudante doctor continúa atrapado en un limbo laboral que frena tanto su promoción como su estabilización. A pesar de haber cumplido los requisitos que históricamente han permitido avanzar en la carrera académica, su situación permanece bloqueada, sin avances y sin una respuesta institucional clara. La UEx arrastra así un problema que se ha cronificado, dejando a estos docentes en una posición de vulnerabilidad profesional que la propia normativa pretendía corregir.

El conflicto tiene un eje central: la negativa de la UEx a aplicar el artículo 36 del II Convenio Colectivo, que establece la promoción del profesorado ayudante doctor acreditado a una figura estable —hasta ahora, la de contratado doctor—. Según los sindicatos, este derecho sigue plenamente vigente y no ha sido derogado por la LOSU.

UGT mantiene una postura firme: no firmará el tercer convenio colectivo mientras no se garantice este derecho. Considera que aceptar el nuevo marco sin asegurar la promoción supondría consolidar un recorte de derechos. “No vamos a firmar nada que perjudique a los y las trabajadoras”, insisten. El sindicato sostiene que existe cobertura legal suficiente para aplicar la promoción y que el bloqueo responde, en realidad, a una falta de voluntad política e institucional.

De la promoción automática al bloqueo

Hasta la aprobación de la LOSU, el itinerario era claro: tras un máximo de cinco años como profesor ayudante doctor —una figura temporal, con salarios más bajos y peores condiciones—, y una vez obtenida la acreditación, el paso a contratado doctor era prácticamente automático. Así lo recogía el II Convenio Colectivo de la UEx, que garantizaba la estabilidad laboral de quienes superaban ese proceso.

La nueva ley introduce la figura de profesor permanente laboral (PPL), que sustituye a la anterior. Y es en esa transición donde se ha producido el choque. La universidad sostiene que no puede seguir aplicando la promoción automática porque la figura de contratado doctor ha desaparecido del marco legal estatal. Sin embargo, tanto UGT como otros sindicatos rechazan esta interpretación. “La ley cambia el nombre, pero no el contenido”, afirman. Subrayan que la propia normativa reconoce la continuidad entre ambas figuras: “Si el texto es el mismo, el derecho es el mismo”.

Para Juan Manuel Jiménez, secretario de Enseñanza de UGT-SP Extremadura, la universidad está utilizando el cambio normativo como excusa para frenar una obligación que sigue vigente. Recuerda que existen fórmulas intermedias y precedentes en otras comunidades autónomas, como Andalucía, donde sí se están articulando mecanismos para garantizar la transición del profesorado sin pérdida de derechos.

El sindicato insiste en que la negociación del tercer convenio no puede supeditarse a la aprobación de un decreto autonómico. “No hay ninguna orden que impida aplicar el convenio actual”, señalan. A su juicio, el bloqueo responde a una falta de coordinación o de voluntad entre la Universidad de Extremadura y la Junta.

USO: “Casi tres años sin contratación estable”

La organización sindical USO-UEx también ha elevado el tono y señala directamente la responsabilidad del Gobierno autonómico. Denuncia la “grave situación” que atraviesa la universidad pública extremeña y acusa tanto a la institución académica como a la Junta de permitir un bloqueo que deja sin efecto derechos laborales reconocidos.

Para USO, la universidad está realizando una “interpretación interesada” de la LOSU para no aplicar el artículo 36 del convenio, mientras que la Junta mantiene un vacío normativo que agrava el problema. Casi tres años después de la aprobación de la ley, el decreto que debe regular las nuevas figuras del profesorado sigue sin publicarse. “El resultado es claro: profesorado sin carrera profesional, ausencia de estabilización y un deterioro progresivo de la calidad docente”, advierte Luis Espada.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales han presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no descartan movilizaciones si no hay una respuesta inmediata.

Historias concretas de un bloqueo estructural

Más allá del debate jurídico, el conflicto se traduce en trayectorias profesionales paralizadas. Una de las profesoras afectadas, que prefiere mantener su anonimato como el resto de compañeras, obtuvo la acreditación a contratada doctora en 2024, pero no pudo acogerse a un proceso de estabilización previo impulsado por la universidad meses antes. “Se estabilizó incluso a personas con menos de un mes de contrato, mientras que quienes cumplimos todos los requisitos seguimos fuera”, denuncia. Desde entonces, la respuesta institucional ha sido siempre la misma: la figura que reclama “ya no existe” en la nueva ley.

Otro caso es el de una docente con contrato desde 2021, que finaliza en julio de 2026. Acreditada como contratada doctora, solicitó su promoción conforme al convenio vigente, sin obtener respuesta. “Es lo que firmamos en nuestro contrato y lo que establece el convenio”, señala. Su preocupación es compartida por muchos compañeros: que el tiempo se agote sin que se reconozcan sus derechos.

Una tercera afectada relata que desde 2015 ha solicitado su promoción —primero a contratado doctor y posteriormente a PPL—, siendo denegada en todas las ocasiones. Su contrato terminó el 12 de enero de 2026 y, al día siguiente, fue contratada como sustituta, pese a llevar años reclamando la plaza a la que tenía derecho.

Entre los testimonios destaca también el de un docente que, para cumplir con los méritos exigidos en su proceso de acreditación, realizó en 2022 una estancia investigadora de tres meses en el extranjero, dejando a su familia y a su hijo de ocho años. Asumió ese sacrificio con la expectativa de promocionar en 2025, tal como estipulaba su contrato, pero esa promoción nunca llegó. Para los afectados, este caso ilustra el nivel de compromiso del profesorado frente a un incumplimiento institucional que ahora los deja en una situación de incertidumbre y desamparo.

Competir por lo que ya se ha ganado

La solución que plantea la universidad pasa por acceder a las nuevas plazas de profesor permanente laboral mediante concurso público. Pero los sindicatos advierten de que este modelo rompe el principio de promoción interna. “No es lo mismo consolidar tu puesto que competir por él”, resumen. Esto genera situaciones paradójicas: docentes con años de experiencia en la UEx podrían perder su plaza frente a candidatos externos, incluso después de haber cumplido todos los requisitos de acreditación.

Además, alertan de que aceptar este sistema supondría renunciar a derechos recogidos en el convenio vigente, lo que explica la negativa de UGT a firmar cualquier acuerdo que lo avale.

Un conflicto abierto y sin fecha de resolución

A día de hoy, el escenario sigue bloqueado y sin perspectivas de mejora. La universidad insiste en la necesidad de un decreto autonómico que regule las nuevas figuras, mientras los sindicatos defienden que el marco actual permite actuar sin más demora.

En medio, decenas de docentes continúan en una situación de incertidumbre, con contratos temporales que avanzan hacia su final y sin garantías de estabilización. Un problema que ya no es solo laboral, sino estructural. Porque, como advierten los sindicatos, ni la UEx puede bloquear derechos reconocidos ni la Junta puede seguir aplazando una regulación clave. Y mientras ambas instituciones se miran, el sistema universitario extremeño mantiene en suspenso el futuro de quienes lo sostienen cada día en las aulas.

La paradoja se hace aún más evidente en algunos casos: docentes que captan financiación europea, lideran proyectos competitivos o son utilizados como ejemplo de excelencia investigadora por la propia institución, pero que al mismo tiempo se ven obligados a judicializar su relación laboral para garantizar su continuidad.