Empresarios, sindicatos y Junta, incapaces de enderezar la economía, optan por un plan urgente de acción social
Resulta insólito pero todos los agentes económicos y el Gobierno regional se han aliado en un plan urgente de acción social, dado que de momento reconocen su “incapacidad” a corto plazo para sentar las condiciones de creación de trabajo y riqueza que permitan la efectiva integración sociolaboral de quienes la crisis ha dejado en la cuneta.
Es habitual que sindicatos ‘de clase’ como CCOO y UGT abunden en esa necesidad de la protección social, pero no lo es tanto que lo haga una organización empresarial como en este caso la patronal extremeña Creex, cuyo secretario general, Javier Peinado, fue claro ayer al firmar un acuerdo de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
“Como empresarios nos gustaría no tener que firmarlo, porque preferimos acuerdos relativos a la inversión y creación de empleo, pero siendo realistas a corto plazo somos incapaces entre todos de hacerlo, así que ahora esto es lo que urge para al final poder conseguir la verdadera integración sociolaboral de todos los extremeños”.
En cualquier caso, gracias al diálogo, Peinado cree que están en el buen camino y podrán crearse condiciones favorables para el arranque económico.
De momento el acuerdo social incluye cinco campos de actuación, pero ha sido desbordado por los acontecimientos ya que un par de ellos están ya en marcha incluso antes de ser firmados, puesto que estaban pactados desde días atrás; son el decreto de mínimos vitales, que procura que en ninguna casa falte agua potable y un suministro esencial de electricidad, y las ayudas de emergencia.
El documento lo firmaron ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y los secretarios regionales de CCOO Javier Carretero, UGT Francisco Capilla, y confederación empresarial Javier Peinado, en compañía del responsable de la negociación previa y consejero de Sanidad y Política Social José María Vergeles.
Tarjeta sanitaria
Los otros tres acuerdos aún no puestos en marcha pero alcanzados y firmados este martes son la extensión de la asistencia sanitaria completa a los inmigrantes que la perdieron por una normativa del Gobierno Rajoy en 2012; una reforma a fondo de la ley de Renta Básica, y una modificación también importante de la regulación de la vivienda social.
Respecto a esta última se va a dejar de penalizar, y no se les excluye del proceso de adjudicación de viviendas propiedad de la Junta, a las familias que ocupen ilegalmente una de ellas, siempre que en los tres meses anteriores hayan comunicado por escrito su estado de necesidad y demostrado que cumplen los requisitos para acceder a ese alquiler público. Es según el acuerdo una “segunda oportunidad”.
Además de que la adjudicación de viviendas volverá a ser por méritos y no por sorteo, se abre la posibilidad de concesión directa a los desahuciados por no poder pagar la hipoteca de una vivienda privada, y de subvencionarles un alquiler mientras se les proporciona ese piso o casa pública.
Por otro lado se amplía de dos a cuatro años la posibilidad de conseguir no pagar el alquiler de la vivienda pública si cambian a peor las condiciones económicas de las personas adjudicatarias.
Base presupuestaria
En renta básica y dentro de un profundo cambio en la legislación se establece que el derecho a la prestación nace a partir del día siguiente a dictarse la resolución o la finalización del plazo establecido para resolver. La renta tendrá una duración de 12 meses, y podrá subrogarse como titular cualquier miembro de la unidad familiar mayor de edad
Todos estos acuerdos irán contenidos en un decreto contra la exclusión social, pendiente de informe jurídico, que se aprobará según Fernández Vara a finales de este mes o principios de noviembre, y tendrán soporte en los Presupuestos autonómicos del año próximo que van a contemplar un fondo de garantía social dotado con un mínimo del 0,5% del PIB regional, equivalentes a 80 millones de euros anuales.
El presidente de la Junta ha negado la afirmación de los Campamentos Dignidad según la cual el Ejecutivo regional sigue desahuciando de sus viviendas sociales a familias por falta de pago. “No se desahucia a nadie por no poder pagar, ni se volverá a hacer, pero puede haber otras causas”.
Vara dice entender las reclamaciones de esos activistas sociales. Pese a que en los últimos meses hubo esfuerzo para los comedores escolares de verano, el transporte escolar, los libros gratuitos de texto, las emergencias sociales, o el decreto de mínimos vitales, “yo sé que no es suficiente, pero si tenemos en cuenta que a nuestra llegada el ochenta por ciento del Presupuesto estaba comprometido, y nos encontramos seiscientos millones de déficit, eso tiene sus dificultades”.
Cuentas 2016 y ajuste
El presidente ha revelado que hay “cercanía” con el secretario de Estado y el ministro de Economía, de manera que la marcha de esas conversaciones sobre el Plan de Ajuste presentado indican que se le van a conceder dentro de este mes a la región 248 millones de euros a cargo del fondo de liquidez autonómico (FLA), lo que dará respiro al Presupuesto autonómico de 2016 y con ese fondo se pagará parte del déficit anterior a 2014 y mejorará el pago a proveedores del Servicio de Salud que es la deuda mayor que existe.
