Escrito al Gobierno contra el TTPI/CETA: no a los pesticidas, y a una Europa abierta en canal por las multinacionales
Algo se cuece a oscuras y por lo tanto huele mal. Es una de las pistas principales que llevan a un movimiento de oposición a las negociaciones que la Comisión Europea mantiene en secreto con Estados Unidos y Canadá para sendos tratados de comercio, el TTIP y el CETA, y del que este martes han sido ejemplo los sindicatos UGT y CCOO que en toda España han presentado escritos dirigidos al Gobierno en funciones expresando su negativa.
En Badajoz a esos dirigentes les ha recibido la delegada del Gobierno, Cristina Herrera. Patrocinio Sánchez, secretaria regional de UGT, y José Rosado, secretario de política institucional y social de CCOO, coinciden en que el secretismo con que se llevan a cabo las conversaciones es la primera razón para desconfiar, luego confirmada por las filtraciones que gota a gota salen por los pocos resquicios de esa caja negra.
“Decimos no, en primer lugar porque viola los derechos democráticos de los ciudadanos e incluso de los parlamentarios europeos”, explica la dirigente ugetista. Estos últimos, según vídeos divulgados, son citados en salas donde se les prohíbe hasta tomar nota con un bolígrafo de lo poco que les cuentan los negociadores. “No hay ningún documento público”.
El proyecto de acuerdo tiene manga ancha para el uso de pesticidas en la agricultura, algo muy controlado en Europa pero no en USA, y en lo que respecta a Extremadura “se carga” según Patrocinio Sánchez las denominaciones de origen, de las que dependen muchos trabajadores.
Si esos tratados se firmaran se podría producir jamón ibérico sin garantías de origen, trazabilidad del producto y calidad, arruinando a los ganaderos e industriales sometidos ahora a estrictas reglas de los consejos reguladores en pro de la calidad y exclusividad de esos productos unidos a la protección del medio ambiente y mundo rural extremeños. “Se trataría a partir de ahora de hacer mucha cantidad del producto que sea, y ganar dinero”, a la medida de “las grandes empresas”.
Para José María Rosado la intención de esos dos tratados es que “Europa se abra en canal”. Caigan reglas, regulaciones, derechos laborales y normativas alimentarias rigurosas. La desinformación es absoluta: “No hay ninguna evaluación ni estimación de lo que significan para Europa y España, algo que sí tienen al otro lado del Atlántico, lo saben perfectamente y además incluyen cláusulas para hacer las excepciones que a ellos les interesen”.
Al final, en este mal paso de la globalización, empresas y trabajadores de ambos lados del océano competirían “a la baja, solo por el precio”, algo que es adecuado al sistema económico norteamericano pero más impropio del europeo.
Las denominaciones de origen “se disipan”, por eso Extremadura “sería una de las comunidades más perjudicadas”, también porque a la región le interesan según Rosado las políticas europeas de convergencia sociales y no las exclusivamente productivistas en lo económico de Estados Unidos.
Otros detalles que chirrían a CCOO son las facilidades para privatizar servicios públicos, o la aparición de tribunales de arbitraje comercial al margen del derecho público con los que “una multinacional americana podría denunciar a un gobierno europeo si una normativa le hace perder dinero”.
Nadie se puede negar del todo a la globalización y libertad de intercambios comerciales pero “con cautela, con evaluaciones previas y con contrapesos, algo que sí tienen ellos pero no Europa”. Unos acuerdos en los que ventajas e inconvenientes están descompensados para los europeos.
También los agricultores
Las distintas organizaciones agrarias también ven muy perjudicial para Extremadura los proyectados acuerdos de libre comercio de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos (TTIP) y con Canadá (CETA), porque consideran que van en contra del modelo de calidad y seguridad alimentaria de la agricultura y la ganadería extremeña.
En declaraciones a Efe, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha explicado que su organización se suma a las protestas que han llevado a cabo los sindicatos contra estos tratados, cuya negociación se desarrolla de forma “oscurantista y poco transparente”.
El coordinador de COAG-Extremadura, Juan Moreno Campillejo, sostiene la misma opinión; considera que estos acuerdos “se están negociando de espaldas a los agricultores, a los ganaderos y la ciudadanía en general”, a pesar de sus repercusiones negativas; y recuerda que su organización se ha sumado a todas las protestas convocadas contra ellos en el marco de la Coordinadora Europea Vía Campesina.
Ambos dirigentes agrarios sostienen que el TTIP y el CETA tratan a la agricultura como “moneda de cambio” en las negociaciones, según Huertas, y contemplan un modelo contrario al europeo, tendente a garantizar la calidad y seguridad alimentaria de las producciones agrícolas y ganaderas.
Eso conlleva mayores costes de producción, por lo que ambos acuerdos supondrían una pérdida de la competitividad para los agricultores y ganaderos europeos, españoles y extremeños.
Recuerdan que en el caso de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, se reconocieron 150 denominaciones europeas en las negociaciones del TTIP, pero ninguna de las extremeñas, lo que sería muy perjudicial para la región.
En las negociaciones de estos tratados puede llegar a estar en juego la seguridad alimentaria, tal y como se concibe en Europa, ya que, por ejemplo se competiría con las carnes con hormonas de Estados Unidos o con las producciones de transgénicos extendidas en USA y limitadas en Europa solo a determinadas variedades.
Mayor coste de producción
“Esto implica que a un ganadero español o extremeño le cuesta a lo mejor un 97% más producir que a un ganadero estadounidense”, según Ignacio Huertas, quien resalta la contradicción y la competencia desleal que se produciría cuando esas normas de seguridad alimentaria desaparezcan para las producciones que vienen de fuera y se mantengan para las europeas.
En ese sentido, insisten en que esto provocaría un perjuicio considerable para los agricultores y ganaderos extremeños desde la óptica de la competitividad, pero también para los consumidores, que se verían afectados por una rebaja en los estándares de calidad y seguridad alimentaria en lo que el dirigente de UPA-UCE considera una “estafa” para los ciudadanos.
Por ello, Extremadura, a juicio de ambas organizaciones agrarias, se vería especialmente perjudicada por el TTIP y el CETA, ya que el modelo extremeño ha apostado especialmente por las producciones de calidad y por la ganadería extensiva.
Huertas advierte, además, que ambos tratados pueden suponer una pérdida se “soberanía alimentaria” por parte de la Unión Europea.
Juan Moreno, por su parte, critica la “liviana” posición que mantienen los partidos políticos españoles con respecto a estos acuerdos tan negativos, a su juicio, no solo para la ganadería y la agricultura sino para la ciudadanía en general.
Un posición distinta mantiene Apag-Extremadura-Asaja, ya que su presidente, Juan Metidieri, sostiene que estos asuntos hay que tratarlos con “muchísima prudencia”, ya que aunque reconoce que el TTIP puede ser perjudicial para determinadas producciones, también puede beneficiar a las exportaciones de determinados productos como el aceite de oliva.
Metidieri critica también que no se disponga de información suficiente y considera que se debe conocer “la letra pequeña” para realizar un juicio sobre las consecuencias del acuerdo.
