La exigencia de buenas condiciones laborales a los contratistas de la Junta, se mantiene con rango de ley
La exigencia a las empresas que quieran contratar con la Junta, de que cumplan las mejores condiciones laborales posibles de sus empleados, se mantienen en el nuevo texto del proyecto de ley de Presupuestos 2016, con idéntica redacción a la propuesta fallida de noviembre pasado, que incluye la igualdad hombre-mujer y compromisos medioambientales.
La aprobación de esta 'cláusula social' con rango de ley, pensada para enero pasado pero que se frustró con la falta de nuevas cuentas regionales, ha ido siendo suplida con disposiciones de otro tipo, con los reglamentos en las licitaciones, y acuerdos del Consejo de Gobierno regional.
Además la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, órgano de consulta y coordinador en esta materia, inició días atrás, ante el retraso en la ley de presupuestos, el proceso de incorporación de criterios sociales de una forma regular en las licitaciones.
Pequeños negocios
Al final habrá una propuesta al Consejo de Gobierno en materia de contratación para la incorporación definitiva y homogénea de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes, y de impulso a la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta y su sector público.
A la vez la intención es que estas cláusulas favorezcan la actividad económica, en la contratación pública, de las pequeñas y medianas empresas, frente a la competencia brutal de los grandes grupos generalmente externos a Extremadura.
“Nuestro objetivo”, se ha avisado desde la Junta en consonancia con la queja de sindicatos, “es eliminar la precariedad, al menos en el sector público. Con dinero de los extremeños no puede haber contratos precarios y recortes en los derechos de los trabajadores”.
