Extremadura dar por levantado el castigo de Montoro tras la última reunión
El Gobierno regional da por prácticamente levantado el castigo que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro impuso por carta el 1 de abril tras haber superado Extremadura el plazo máximo legal de pago a proveedores.
Después de la reunión de este pasado lunes, de la consejera de Hacienda Pilar Blanco-Morales con el secretario de Estado Antonio Beteta, y en la que este último no puso ninguna pega al obligado plan de ajuste presentado por la Junta, se considera que de hecho el asunto está en vía final de solución.
De tal manera es así que a finales de semana podría estar aprobado según la consejera ese plan, con lo cual podrían liberarse los 66 millones de euros que el Gobierno debería transferir a Extremadura para pagar a proveedores como parte correspondiente al primer trimestre del año, dentro del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) pensado para ese fin.
Y eso que el propio plan debe sufrir una última revisión para adaptarse al nuevo déficit permitido a las comunidades para este año, 0,7%, en lugar del 0,3% previsto hasta ahora.
Un segundo plan en mayo
La Junta pone fecha aproximada del 15 de mayo para recibir esos primeros 66 millones, y mientras tanto sigue negociando para la aprobación, de acuerdo con Madrid, de un segundo plan, el económico-financiero, que es prácticamente igual al de ajuste según Blanco-Morales, y debe recibir el mes que viene el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera [este próximo viernes habrá otro consejo].
Con ese segundo FLA llegaría el dinero para empezar a pagar el déficit presupuestario extremeño de 2015, que fue de 465 millones equivalentes al 2,64% del producto interior bruto regional, PIB.
El agujero de Extremadura entre pago a proveedores, y déficit 2015, para el que se puede pedir ayuda a Madrid, es de 700 millones, 350 cada uno de esos capítulos, aunque no es probable que se reciba todo.
La consejera extremeña Blanco-Morales ha rechazado el intento de ‘recentralizar’ el Estado, recuperando competencias que ahora están en manos de las autonomías como sanidad, educación y dependencia, y hacerlo a base de forzar una financiación insuficiente de esos servicios. “Es el momento, en la actual situación política, de que los partidos se definan”.
