Los extremeños en el extranjero tendrán ayuda garantizada en caso de necesidad extrema
La Junta y Cruz Roja han firmado un convenio para prestar la atención necesaria a los extremeños de origen y a quienes tengan la condición de tales y se encuentren en el extranjero, para permitir su retorno a Extremadura en casos excepcionales de enfermedad sobrevenida, accidentes o catástrofes naturales, violencia de género y maltrato de menores, que supongan un riesgo grave para su salud o su vida, y que necesiten una atención inmediata y urgente.
El plan incluye aquellos condenados en cárceles extranjeras que hayan cumplido la condena y carezcan de medios para regresar a la región.
El contenido del acuerdo lo han explicado este jueves el secretario general de Presidencia de la Junta, Fernando Blanco, la directora general de Acción Exterior Rosa Balas, y el presidente regional de Cruz Roja, Jesús Palo.
Con el plan se quiere dar atención humanitaria en casos de necesidad extrema, a los extremeños que viven en el extranjero, carezcan de recursos suficientes, y no se encuentren dentro de las situaciones de ayuda contempladas en la ayuda oficial que prestan los consulados españoles.
Estos consulados solo la prestan normalmente en caso de accidente o catástrofe natural, y es conveniente inscribirse en ellos a la llegada al país, algo que no hacen muchos ciudadanos; si no están inscritos, se dificulta la prestación de ayuda.
El objetivo final de la asistencia autonómica extremeña a esas personas es su repatriación, y mientras tanto darles ayuda jurídica o de otro tipo. Se han dado casos de presos que han salido de la cárcel y se encontraban sin ingresos ni para vivir, ni para volver a España, y otros carecían de abogado para defender sus causas.
Actualmente hay 586.000 extremeños que viven fuera de la región, de los que 554.855 residen en otras comunidades autónomas y 31.220 en otros países. Esta emigración, en los últimos años motivada por los nuevos modos de vida que implican mucha movilidad y globalización ha creado necesidades nuevas en cuestiones de atención en situaciones de riesgo a las que hay que dar respuesta, lo que se pretende con esta convenio.
Ha subido la emigración
El secretario general de Presidencia, Fernando Blanco, ha destacado que se trata de un convenio pionero en España y con el que se da cumplimiento a leyes de carácter social y progresista como el Estatuto de Extremeños en el Exterior y el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior.
Se firma en el momento “adecuado y necesario” ya que ha aumentado la emigración a otros países por motivos de estudios, laborales…. y a los que hay que dar cobertura en caso de necesidades de urgencia y grave riesgo que requieren atención inmediata.
El acuerdo es con Cruz Roja porque es una organización que tiene presencia en todos los territorios, por medio de Cruz Roja Internacional, y dispone de los medios necesarios, además de experiencia, trayectoria y amplia capacidad de colaboración en situaciones de emergencia.
Habrá un sistema de alerta para identificar las situaciones de riesgo y el intercambio de información entre las dos entidades, así como una comisión de seguimiento de las situaciones amparadas por este convenio.
El presidente de Cruz Roja de Extremadura, Jesús Palo, sostiene que la entidad cuenta con los dispositivos nacionales e internacionales con los que podrán hacer frente a estas situaciones urgentes. Equipos de trabajadores sociales, expertos en derecho internacional y voluntarios para resolver las emergencias en las que se puedan encontrar los extremeños en el exterior.
Para la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, el convenio da respuesta a situaciones de la emigración extremeña, que estaban aún sin cubrir y contempladas en la estrategia general de emigración de la Junta de Extremadura.
Las ayudas contempladas se aplicarán a casos excepcionales, contingencias que no puedan ser cubiertas por la persona, los seguros que tenga suscritos o por el consulado; se trata de complementarlas, de cubrir necesidades que no contemplan estas entidades y en los casos en las que las personas afectadas no cuenten con recursos propios para afrontarlas.
No hay un presupuesto determinado, sino que estará abierto en función de los casos a atender, añaden fuentes de la Junta.
