Plan de rescate ciudadano a finales de octubre para una región “socialmente quebrada”
“Lo primero que vamos a rescatar es a las personas”. El Gobierno regional se prepara para aplicar un plan de emergencia porque la región según la portavoz Isabel Gil Rosiña está “socialmente quebrada”. Será un decreto ley que empezará a funcionar a finales de octubre, con acciones incluidas en las 60 medidas con las que el PSOE se presentó a las elecciones, y que figuran aunque con más amplitud en las exigencias de Podemos o los Campamentos Dignidad.
El texto lo debatió ayer internamente la Junta, la semana que viene lo planteará a los cuatro partidos con representación en el Parlamento regional, el viernes se aprobará en Consejo de Gobierno, y finalmente en el plazo de un mes tendría que recibir luz verde de los diputados autonómicos en la Asamblea.
Este plan de choque contra la emergencia social, en una región en la que el 40% de su población está en riesgo de pobreza y exclusión, consta de tres capítulos principales.
El primero trata de garantizar un mínimo de calidad de vida mediante ayudas económicas para que nadie se quede sin luz ni agua en su casa, haciendo así frente en el caso de la electricidad a la pobreza energética que en Extremadura cada invierno causa la muerte de 200 personas por complicación de diversas enfermedades. “Que nadie vuelva a pasar frío”, propone la portavoz del Gobierno de Fernández Vara, Gil Rosiña.
En ese mismo apartado figura reformar la Ley de la Renta Básica para que su pago se produzca de forma inmediata “al día siguiente” de aprobarse la resolución favorable; además dejarán de ser convocatorias trimestrales para estar abierta permanentemente ya que “el hambre y la miseria no se pueden convocar”.
A la calle por la hipoteca
En segundo lugar de ese decreto ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social figura la vivienda, mediante ayudas económicas a las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias y que reúnan las condiciones de renta para tener derecho a una vivienda social de promoción pública; el dinero entregado es para que puedan ir pagando ese alquiler hasta que la vivienda les sea adjudicada. “Ni una familia sin techo ni hogar”, plantea la portavoz de la Junta.
Por otro lado se amplía dos años más la duración máxima de las reducciones del 100% en el precio del alquiler de viviendas de promoción pública, para aquellas familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos por la crisis económica de forma considerable; y la adjudicación de la vivienda pública dejará de ser por sorteo y volverá a una comisión de valoración que es “lo más justo”.
En tercer lugar el decreto ley recupera la sanidad universal, de manera que los ‘sin papeles’ volverán a tener una tarjeta de atención sin cortapisas.
“Nos encontramos muchos problemas al llegar al gobierno”, explica la portavoz Gil Rosiña todo esto. “Pero el más importante es el de una región quebrada socialmente, con un cuarenta por ciento de hogares en riesgo de pobreza y un cuarenta y seis por ciento de niños en esa situación frente al treinta nacional. Este es el problema primordial, dar respuesta a quienes no pueden vivir dignamente, y el Gobierno de Fernández Vara va a dar prioridad al rescate de las personas”.
La Junta no ha dado todavía ni presupuesto de estas medidas, ni la estimación de personas a las que pueden llegar.
Poca fe desde Podemos
A falta de conocer el contenido del decreto ley la semana que viene el secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, ve en esto poco más que “un intento para sacar titulares” de un PSOE que “va al rebufo nuestro”. Titulares pero “hacer, hacen bien poco”.
En su opinión el anuncio ayer de estas medidas obedece a las recientes iniciativas de Podemos como la propuesta sobre emergencia social, que busca agilizar los trámites de diversas ayudas y priorizarlas respecto a los intereses bancarios o dietas de políticos, o la de cuentas abiertas.
