Fiscalía pide también juicio por los chalés de Plasencia, y hasta 12 años de inhabilitación para ex alcaldesa y concejales
La Fiscalía Superior de Extremadura pide 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público a la exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco, y diez años y medio para tres exconcejales de Urbanismo, entre ellos la actual portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez.
Una petición, la de apertura de juicio oral, enmarcada en el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara en esa ciudad.
Fuentes judiciales han apuntado a EFE que Fiscalía pide para Elia María Blanco –que ya fue condenada y estuvo en prisión por un delito anterior- una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otros dos más por omisión de impedir actos delictivos.
También Barbancho
Por otro lado nueve años de inhabilitación para cargo público a los exconcejales de Urbanismo Mónica García, Francisco Barbancho y María Victoria Domínguez por prevaricación, y un año y medio más por omisión del deber contra actos delictivos.
La Fiscalía discrepa por tanto parcialmente del Ayuntamiento de Plasencia regido por Fernando Pizarro (PP), que ha solicitado la celebración de juicio pero la exculpación de Barbanco por el poco tiempo que estuvo de concejal.
Las pesquisas judiciales hacen referencia a construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición.
En diferentes escritos anteriores emitidos por la Fiscalía, ésta remarca que “la ausencia de control en el cumplimiento de las normas urbanísticas y la ausencia de respuesta real e idónea frente a las inspecciones llevadas a cabo por los funcionarios municipales, deviene en una conducta arbitraria de un servidor público que puede ser constitutiva de ilícito penal”.
Por este asunto ha sido denunciado también esta semana el alcalde actual Pizarro, por llevar seis años y medio en el cargo pero no haber tirado ninguna de esas construcciones; el alcalde, a raíz de que la diputada Domínguez haya planteado varias veces ante los tribunales esa circunstancia, ha empezado a multar a los propietarios.
