Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la reapertura de la mina Aguablanca, en el sur de Extremadura

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de reapertura de la mina de Aguablanca, impulsado por la firma Río Narcea Recursos, al entender que es “insostenible” y supondría la vulneración del ecosistema de la zona.

Río Narcea Recursos, titular del derecho de explotación de los recursos minerales de Aguablanca, solicitó formalmente en marzo de 2022 la reapertura de la mina, ubicada en Monesterio (Badajoz), por minería subterránea.

Aunque la mina se encuentra en suspensión temporal de labores desde julio de 2015 y cuenta con un Plan de Restauración para el cierre de la explotación aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas en septiembre de 2022, “el proyecto de explotación subterráneo” cuenta con declaración de impacto ambiental (DIA), según recoge el Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de enero.

Para proceder a la reapertura de la mina, el Plan de Restauración debe adaptarse al condicionado de la DIA y autorizarse por parte del órgano sustantivo competente sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Para ello, la empresa presentó en abril del pasado año la actualización del Plan de Restauración, que fue objeto de un requerimiento de documentación adicional en octubre. Como respuesta a este requerimiento, la mercantil aportó el pasado mes de enero diversa documentación, como el resumen ejecutivo del Plan de Restauración de la actualización del Proyecto de Explotación subterránea.

Dado que esta actualización contiene modificaciones introducidas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la DIA para el caso de que se abriera la explotación subterránea, según refleja el BOE, “se ha considerado procedente la realización del trámite de información pública”.

Para Ecologistas en Acción de Extremadura, la “volatilidad y fluctuación” de la cotización de los valores de los minerales, más el aumento de costes energéticos, “hacen más que dudable la viabilidad y continuidad”.

La reapertura de la mina, afirman, responde más a intereses políticos-electorales que a una verdadera viabilidad que no sea especulativa, ya que creen que podría ser una “exigencia política para, en un futuro, adjudicar el proyecto minero de Cañaveral a la misma empresa propietaria”.

Por otro lado, la actividad extractiva, que no superaría los 4 o 5 años, estiman, estaría sujeta a una posible conflictividad social y laboral que no habría que despreciar, a juicio de la organización.

En cuanto al impacto medioambiental, Ecologistas en Acción de Extremadura ha denunciado “múltiples” factores que amenazan al territorio colindante y que deberían ser acometidos nuevos análisis que tengan en consideración la evolución que el ecosistema ha desarrollado durante los años que la mina ha estado cerrada.

Las alegaciones hacen referencia a una balsa de lodos inertes, la cual supone un riesgo para el entorno ambiental de la zona y la calidad de las aguas.

También denuncian la falta de actuación de la Junta sobre el control de los metales pesados, que “han afectado considerablemente a la calidad del agua, aire y suelo del entorno”.

También han presentado alegaciones por la contaminación lumínica y acústica y sus efectos no deseados en los ecosistemas y fauna de la zona, así como el riesgo por atrapamiento en las balsas impermeabilizadas de especies protegidas.