Más de 150 millones para garantizar la depuración de las aguas residuales en el mundo rural

La Junta de Extremadura y las diputaciones de Badajoz y Cáceres han firmado un protocolo por el que se llevarán a cabo 242 actuaciones en materia de depuración de aguas residuales en 209 núcleos de población, para lo que se destinarán 152,2 millones de euros.

El 51 por ciento de la financiación de las actuaciones, que se esperan iniciar en 2020 en la provincia de Badajoz y 2021 en la de Cáceres, correrá a cargo de la Junta de Extremadura (77,7 millones), mientras que la diputación pacense aportará el 27 por ciento (41 millones) y la cacereña el 22 por ciento restante (33 millones).

Con este protocolo se atiende la urgente necesidad y la asignatura pendiente, sobre todo, de los pequeños municipios para poder construir las estaciones depuradoras y conectarse a las redes de saneamiento, dentro de las medidas del horizonte 2020.

Así lo ha señalado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García; quien compareció acompañada del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo; y el presidente en funciones de la de Cáceres, Carlos Carlos.

Red de depuración de aguas residuales

La consejera ha resaltado que el 88 por ciento de la población extremeña disfruta de la posibilidad de conectarse a la red de depuración de aguas residuales, pero hay un 12 por ciento restante que no y es a ellos a los que se dirige este acuerdo.

Ha incidido que para la Junta el reto de actuar en estos pequeños municipios era como afrontar las diferentes necesidades que estos tienen en relación a otros, con más habitantes o actividad industrial, y hacerlo con las mejores condiciones medioambientales y de eficiencia energética, así como dinamizar las economías rurales y ayudar a la lucha contra la despoblación.

Según ha dicho ya hay 14 obras con una inversión de 38 millones de euros, en condiciones de poder comenzar en 2020, y en licitación otros 20 millones para 2021.

Un avance en igualdad

Por su parte Miguel Angel Gallardo ha incidido en cómo desde las instituciones provinciales “se puede hacer región”. Subraya que este protocolo también supone un avance en igualdad para aquellos pequeños municipios que no tienen recursos para afrontar inversiones de este calado.

El protocolo, según ha dicho, también les aporta seguridad jurídica ante la retirada de autorizaciones de vertidos que están llevando a cabo las confederaciones hidrográficas.

Miguel Ángel Gallardo ha resaltado que en el caso de la diputación pacense se están en condiciones de comenzar antes, gracias a la labor del Consorcio Promedio, que ha permitido los trabajos técnicos previos para diseñar cual es el sistema de depuración más acorde con el municipio “porque no todos son iguales” y ello no conlleve un coste elevado.

Tanto Gallardo como Carlos Carlos ha puesto de manifiesto que el protocolo suscrito permitirá resolver “un problema histórico” a una cuestión que, no obstante, no es competencia directa de los ayuntamientos, pero de gran necesidad para estos.

Carlos Carlos también ha explicado que el hecho de que la provincia cacereña vaya más retrasada de cara a estas actuaciones se debe a que en la legislatura 2011-2015 se suprimió el consorcio encargado de gestionar la gestión de las depuradoras y el ciclo del agua, que ahora se ha recuperado.