El número de desahucios por impago se redujo un 43% el segundo trimestre
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, celebra que se ha avanzado en la reducción del número de desahucios de quienes no pueden pagar sus viviendas, el 42,9% en el segundo trimestre, y que ahora se actuará en el proceso anterior a ellos para proteger más a los afectados.
Así lo ha dicho tras rubricar un convenio de colaboración con la decana del Colegio de los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Autónoma, Ana Isabel Baltar, para la protección de las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y otros procedimientos de desahucio.
Mediante este acuerdo, el Colegio facilitará datos, con la garantía de confidencialidad de la identidad de los afectados, al Servicio de Intermediación Bancaria de Extremadura, que atiende a las restructuraciones de deudas hipotecarias, acerca del número de casos existentes en cada localidad para facilitar su solución.
El consejero ha explicado que desde el principio el Gobierno regional trabaja en el objetivo de “desahucios cero”.
En este sentido, ha señalado que se creó una “mesa” con las entidades financieras, que se han llegado a acuerdos con las organizaciones sociales que trabajan en esta cuestión y se han aprobado medidas de ayuda social como la Renta Básica de Inserción.
Ha explicado que en el segundo trimestre de 2015 Extremadura era la región donde más crecía el número de desahucios, el 33 por ciento, un porcentaje muy superior a la media nacional.
Por esto la Junta, a través de su Instituto de Consumo, y en colaboración con las diputaciones y los colegios profesionales de abogados, puso en 2016 al servicio de las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria como consecuencia del impago de su cuota hipotecaria o de la renta de su alquiler, una red de 24 puntos de atención presencial distribuidas por todo el territorio regional.
En este sentido, ha explicado que se ha atendido ya a un total de 1.738 familias mediante 3.646 actuaciones.
El mejor dato
Además, ha continuado Vergeles, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre del año ha bajado el número de casos en la región un 42,9 por ciento frente a la media nacional del 20, con lo que es la tercera región en registrar una mejora en este tema y es el mejor dato de la serie histórica.
No obstante, Vergeles avisa que, aunque se está “en la buena senda”, hay que avanzar más y actuar en las fases anteriores a los procesos de desahucios para no sólo hacerlo de una forma “pasiva” a instancias de los interesados, sino que intervenga el Servicio de Intervención Bancaria de una forma “proactiva”.
Por esto se ha firmado este viernes el convenio por tres años prorrogables a otros dos con el Colegio de Registradores de la Propiedad, que facilitará mensualmente los datos de los expedientes al Servicio por localidades y garantizando la confidencialidad de las personas.
Esto permitirá al Servicio ponerse en contacto con los afectados para prestarles los servicios necesarios ante de los alzamientos de las viviendas.
Por su parte, Baltar ha explicado que “el desahucio cero no es posible” pero que se puede actuar con acuerdos como el de hoy para limitarlos con medidas como la facilitación de datos al Servicio de Intermediación.
Asimismo, el Colegio colaborará con el Instituto de Consumo de Extremadura en la tramitación de la inscripción de las resoluciones del órgano directivo con competencias en materia de vivienda de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales por la que se acuerda incluir en el Registro administrativo que se cree al efecto de las cesiones de uso de viviendas para ser destinadas a alquiler social que se realicen a la Junta.
