Ni comida, ni sanidad, ni ná

Una voz en off en la serie M. El Hijo del siglo, basada en el ensayo de Antonio Scurati, abre el primer capítulo con una proclama de Mussolini: “Siempre llegará un momento en el que los pueblos perdidos abrazan las ideas simples”. Me estalla en la cabeza una indigencia intelectual y moral como el pretendido concepto de “prioridad nacional”. Si no puedes ofrecer una solución, busca un culpable.

Una errónea lectura de La llamada de la tribu, de Vargas Llosa, les conduce a ofrecernos este marco conceptual hasta las próximas elecciones generales bajo el auspicio de un PP desesperado, renunciando a los valores y principios de la Constitución. Hablan de prioridad nacional para evitar paralelismos entre inmigración y racismo, aunque el problema de base es la aporofobia, es decir, su clasismo ancestral. Como diría Gil de Biedma, su aspiración histórica consiste en que media España ocupe la España entera.

A fuerza de falta de propuestas y soluciones colectivas, no les queda otra opción que presentar una épica vetusta. Del mismo modo que sus antepasados ideológicos nos hicieron creer que Don Pelayo inició la Reconquista desde Asturias, ahora pretenden plantar una pica en Extremadura como génesis de la segunda reconquista de España. Ni existió la Reconquista de un territorio que no pertenecía a estado alguno, ni el invento de la prioridad nacional es novedoso: por aquí ya han pasado el finiquitado Orbán, el clan Le Pen o el sociópata de Trump. Una narrativa conocida de antiguo, expresada recientemente en Davos por otro antisocial como Milei, donde la desigualdad es inevitable, naturalizada, y el sufrimiento social un daño colateral sin solución. Eso es lo que ofrece el acuerdo PP‑Vox.

Leyendo ese acuerdo “palabra por palabra”, formalizado en cuatro largos meses, se entiende todo. A los propietarios de Almaraz, con beneficios cercanos a los diez mil millones de euros en 2005, se les van a perdonar hasta 2029 unos noventa millones de euros. Se rebajan los impuestos de sucesiones y donaciones al 1% de extremeños que hereden más de quinientos mil euros, mientras la región soporta un 32,8% de tasa de pobreza, la segunda más alta de España. En eso consiste su bajada de impuestos.

El ahora vicepresidente de Desregulación, Óscar Fernández, sintetizaba en el acto de investidura de María Guardiola, de forma sustantiva y preocupante, la clave de bóveda de su marco referencial: “no hay comida ni sanidad para todos”; quizá saturado por esa situación apocalíptica que describen de una España rota, partida, invadida, empobrecida y en estado terminal. De lo que subyace en su relato debemos inferir que también se refiere a salarios, pensiones, prestaciones sociales, educación, bonos sociales y todo aquello que, gracias a nuestros impuestos, obtenemos como salario diferido. Siguiendo su estela, los sindicatos y las ONG, en la defensa de clase o de los más vulnerables, son “improductivos”.

Quien protesta estorba. Hay concordia solo si la memoria es selectiva. El dolor es pedagógico para “espabilar” y la violencia hacia los más vulnerables es una consecuencia inexorable del mercado “correcto”. El odio es una peligrosa forma de organizar el malestar social, pero a ellos les sirve: la confrontación competitiva dentro de la misma clase simplifica la diana sobre un chivo expiatorio cuando se trata del reparto de migajas. La manipulación de la emocionalidad facilita la criminalización del diferente. Otra cosa es la lucha de clases, pero requiere valores, ideas y actitudes complejas para resolver las causas de un conflicto.

Hagan caso a María Guardiola y lean, “palabra por palabra”, su acuerdo con Vox. Comprenderán la deriva de señalamiento, desmemoria, segregación e insolidaridad en una Extremadura despoblada, sin una sola idea ni soluciones para un proyecto colectivo.