El Parlamento regional pide suspender un año las autorizaciones de más casas de apuestas

La Asamblea de Extremadura ha instado por unanimidad a la Junta de Extremadura a adoptar medidas para frenar la proliferación de casas de apuestas y prevenir el problema de la ludopatía, entre ellas la suspensión de nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos durante un año.

La propuesta de impulso que ha defendido la portavoz del grupo Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha sido modificada vía enmienda por el PP.

La iniciativa pide suspender temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones, salvo las que ya se encuentren en tramitación, hasta que entre en vigor una ley de prevención de la ludopatía y rehabilitación de las personas adictas al juego, previamente pactada por todos los grupos.

También reclama a la Administración regional un plan para la prevención de adicciones y el refuerzo de la formación específica de los agentes de la Policía Municipal

Prohibir la publicidad

La Cámara insta además al Gobierno central a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad para que se prohíba que las casas de apuestas puedan publicitarse , con el fin de proteger al público infantil y juvenil.

Además, impulsar el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online.

La reducción del horario de estos establecimientos, que inicialmente incluía UPE, no ha prosperado por la enmienda introducida por el PP.

De Miguel ha subrayado que las casas de apuestas son “la heroína de nuestros días”, que destroza a las familias y el problema va en aumento porque el Decreto-ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en Extremadura, ha sido “insuficiente”.

Extremadura tiene 114 salones, repartidos por 37 localidades y pertenecientes a cinco empresas del sector, según datos de 2018, un. por cada 9.000 habitantes, lo que indica que está “saturada” según la diputada de UPE, que ha advertido de que el número se ha multiplicado por diez en cinco años.

Otras regiones como Asturias, Murcia, Madrid o Galicia han adoptado medidas “más contundentes” y De Miguel alerta de que no “es casualidad” que abran cerca de centros educativos y en los barrios más pobres.

Ha recordado que la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación a partir del verano de 2015 empezó a observar cómo les llegaba gente joven para pedir ayuda, cuando normalmente la gente que solía llegar era mayor de 35 años.

En la defensa de la enmienda del PP, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha asegurado que el decreto-ley extremeño aprobado hace nueve meses llegaba “tarde y mal”, porque la “semilla” de las casas de apuestas ya esta esparcida.

Reclama medidas como las puestas en marcha en otras CCAA y la suspensión temporal de la ley del juego extremeña hasta tener una “de verdad, no un canto al cielo”.

Norma nacional para evitar la saturación

El diputado socialista Jorge Amado ha defendido una enmienda de modificación, que no ha aceptado UPE y por tanto no se ha podido incluir en el texto aprobado, con un único punto, instar al Gobierno de España a convocar el Consejo de Políticas del Juego a los efectos de promover, en cooperación con las CCAA, medidas normativas que eviten la aparición de zonas saturadas.

Según Amado Extremadura fue pionera a la hora de regular este asunto y ha asegurado, frente a los intervinientes anteriores, que la ley está dando resultados, ya que de las seis solicitudes presentadas, sólo se han aprobado dos.

El diputado socialista, que ha pedido no enfrentarse las fuerzas políticas por este asunto, apuntaba que como el juego no es una actividad ilegal no se puede establecer una “ley seca”, ni la retroactividad, por lo que ha reclamado un equilibrio entre prevenir la ludopatía y la seguridad jurídica al sector, sin perseguir ni estigmatizar a nadie.

Joaquín Prieto, de Ciudadanos, ha anunciado su voto a favor, pero no se ha mostrado de acuerdo con la suspensión, ya que atenta contra la libertad de empresa.