Los desahucios en viviendas de la Junta serán consultados antes con los movimientos sociales
La Consejería de Políticas Sociales y seis organizaciones privadas han firmado este lunes un acuerdo para introducir mayor transparencia en el desahucio de ocupantes de viviendas sociales en alquiler propiedad de la Junta. En una mesa regional, y cuatro locales en las ciudades más pobladas, se analizarán sobre todo los casos dudosos, para empezar los 61 expedientes de desahucio iniciados por el Ejecutivo de Fernández Vara desde julio pasado.
El objetivo es que ninguna persona sin medios económicos, y que por tanto no puede pagar el alquiler mensual, sea desahuciada, en aplicación del principio constitucional del derecho a la vivienda que es “de justicia social”, ha explicado el consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles.
A partir de ahora serán escuchadas en los expedientes de desahucio las plataformas de afectados por la hipoteca, el Campamento Dignidad, la asociación por la recuperación de Colorines y Suerte de Saavedra en Badajoz, Mujeres Sembrando, y la asociación de usuarios de banca y seguros Adicae.
Aunque el ámbito de trabajo de la comisión regional, y las locales de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, será la vivienda de la Junta, actuarán también en la privada para intentar evitar los desahucios promovidos por entidades financieras o propietarios particulares.
Anulado todo lo del Gobex
La Junta es dueña de unas 14.000 viviendas en régimen de alquiler social, y en este momento hay activos 61 expedientes de desahucio, una vez que han sido paralizados según Vergeles los 1.156 iniciados por el anterior Gobex del PP entre junio de 2011 y abril del año pasado.
Esos 61 expedientes nuevos serán objeto de escrutinio, y si se produce el desahucio tendrá que ser por algunas de las causas legales previstas y comprobadas: viviendas en las que se incurre en conducta antisocial o cometen delitos (por ejemplo venta de drogas); no cumplir las normas de convivencia para un clima adecuado de respeto con el resto vecinos; que la vivienda esté desocupada, ocupada de forma ilegal, o que quien la ocupa haya cambiado su situación económica y disfrute de otra vivienda.
Para las personas que simplemente no puedan pagar y lo demuestren, existe la posibilidad de perdonarles el alquiler de hasta dos años, y el Gobierno regional prepara una reforma legal para ampliar ese plazo en dos más.
María Ángeles Merino, de la Plataforma Antidesahucios, ve la firma de este protocolo como un primer paso “mejorable”, y avisa que “si vemos que la Junta usa esto para legitimar los desahucios nos vamos; esto no es un regalo de la Junta, es fruto de la labor de la gente que llevamos años luchando”.
Los desahucios en viviendas sociales, añade, son muy pocos comparados con los que hay en viviendas privadas, por lo que reclama un uso social de las que son propiedad de los bancos “rescatados”, y en especial de la inmobiliaria Sareb “que también las hemos pagado entre todos”.
