La consejera extremeña de Sanidad se alegra de la creación estatal de la especialidad en Urgencias

La consejera de Salud y Servicios Sociales en la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha aplaudido la creación de la especialidad médica de Urgencias y Emergencias, pero espera que no se reduzca el número de plazas de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 

El Gobierno ha creado este martes pasado la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, la número 50 en España, mediante un real decreto que facilita la vía para la doble titulación con Medicina de Familia y contempla el acceso de médicos de otras disciplinas que cumplan con un mínimo de experiencia y formación.

“Desde Extremadura estamos satisfechos con la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias porque responde a una demanda de los médicos que dedican su ejercicio profesional a este ámbito competencial”, ha afirmado la consejera.

Además, la creación de la especialidad también conseguirá “unificar criterios formativos que hasta ahora eran arbitrarios a decisión de cada profesional”. 

El real decreto fija una formación MIR de cuatro años, de los cuales los dos primeros serán comunes con Medicina Familiar y Comunitaria, cuestión que, según García Espada, “genera dudas sobre las posibles repercusiones en el déficit de profesionales”.

“Desde Extremadura nuestra preocupación es que no se vea mermado el número de plazas de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria sino que deben ser plazas adyacentes a las que ya existen”, ha defendido la consejera y reclamado acelerar la actualización del programa de formación de Medicina Familiar y Comunitaria.

Las estimaciones que baraja el Ministerio de Sanidad es que las primeras plazas MIR de la recién creada especialidad empiecen a ofertarse en 2025, de modo que la primera promoción de residentes pueda estar ocupándolas en la primavera de 2026, trasladan a EFE desde este departamento. 

Los médicos de Familia ya han pedido que la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias no implique “ni una reducción de la inversión” en otros ámbitos asistenciales ni una “descapitalización” de profesionales de otras disciplinas, sobre todo Atención Primaria.