Guardiola confirma que una empresa del 'caso Koldo' intentó “colar” sin éxito mascarillas a la Junta de Extremadura

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha confirmado la existencia de una factura “proforma” procedente de una sociedad del caso Koldo para intentar “colar” a la Junta determinadas mascarillas y también que no se ha producido “ningún pago a ninguna de estas empresas relacionadas con la trama” durante el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara.

Este hecho se enmarca en el proceso de revisión de facturas que ha emprendido la Junta al tener constancia de dicha trama, según ha señalado la presidenta extremeña, que ha explicado que seguirán investigando para “analizar y estudiar” cualquier aspecto que encuentren y ponerlo “en manos de la justicia”. a preguntas de los medios en Nuñomoral (Cáceres).

El actual Ejecutivo no ha contactado con el anterior, cuyo consejero de Sanidad entonces, José María Vergeles, ha mencionado, en declaraciones a EFE, que hubo “muchos ofrecimientos por parte de numerosas empresas” y que “no se compró a esa”.

Vergeles se ha mostrado “seguro” de que el procedimiento de compra fue el “adecuado” porque el Tribunal de Cuentas auditó los contratos de emergencia: “no te va a decir si detrás de aquellas personas había un comisionista o no había un comisionista, pero sí que nosotros seguimos escrupulosamente el procedimiento de contratación”.

Uno de los criterios que atendieron siempre en la contratación es que las empresas no solicitasen un anticipo, algo prohibido por ley, y en lo que fueron “bastante escrupulosos” a pesar de las “presiones que había”. Tampoco contrataban con empresas cuyos productos no contasen con la “certificación de calidad” pertinente que garantizase su uso en condiciones de seguridad.

La administración regional tuvo muchos ofrecimientos: empresas especializadas en productos sanitarios, otras que reconvirtieron su actividad de forma puntual para fabricar por ejemplo mascarillas y “de gente que tenía contactos en China”, pero no contrató con ninguna que no cumpliese los dos requisitos mencionados.

En aquel momento, ha dicho, “ningún precio de mascarilla era razonable”, pues de “valer céntimos de euro, te estaba costando euros”, ya que “Europa no tenía soberanía industrial para poder fabricar ese material de protección”, por lo que “estábamos al albur del mercado”.

En este contexto, ha reflexionado que eran “unos momentos muy delicados”, de “extrema necesidad” de material de protección, donde ser “víctimas de alguien que quería enriquecerse ilegítimamente era una posibilidad que te podía pasar”, pero ha defendido que las administraciones públicas, en su “inmensa mayoría”, han sido “escrupulosas” en los procedimientos de contratación. “Ahora, si hay alguien que lo ha hecho deliberadamente, que caiga todo el peso de la ley que tenga que caer en ello”, ha apostillado.