Junta y CERMI defienden ante la UE la prohibición de las gasolineras sin personal

La Junta y el CERMI han acordado acreditar de forma conjunta, con estudios e informes, que las normativas que obligan a que exista personal en las gasolineras son “plenamente concordes con el derecho comunitario”,

Explican que la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su no discriminación en el acceso a servicios es “un mandato superior para la Unión Europea”. 

Lo harán tras las investigaciones abiertas por parte de la Comisión Europea acerca de si las regulaciones autonómicas en esta materia respetan las normas comunitarias sobre mercado interior, libertad de empresa y competencia.

Esta estrategia de acción coordinada se ha definido en una reunión promovida desde la Asociación para la Atención e Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX) en Madrid.

Un informe general

Como primera acción, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) elaborará un informe general de situación para presentar ante la Unión Europea en el que quede documentada la procedencia de este esquema regulatorio y lleve a la comisión al convencimiento absoluto de que no choca contra el derecho comunitario.

Insiste en que la Comisión Europea, como han recalcado sus portavoces, no ha abierto ningún procedimiento de infracción contra España por el asunto de las gasolineras desatendidas, y que las CCAA no tienen ningún motivo para revertir ni derogar las regulaciones favorables vigentes a los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido recuerda que en los últimos días “ha corrido el rumor” de que Bruselas había multado con 600.000 euros diarios a las CCAA que impidan las gasolineras sin personal, lo que ha influido para que algunas como Castilla y León hayan cambiado precipitadamente y sin la información fidedigna correspondiente su legislación.